El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) manifestó este miércoles en un comunicado que la cancelación de las personalidades jurídicas del Partido Restauración Democrática (PRD) y el Partido Conservador (PC) evidencian y ratifican la falta de voluntad política del gobierno de Daniel Ortega, a promover una solución cívica y pacífica a la crisis que vive el país desde 2018.
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El gremio empresarial también expresó que estas nuevas arbitrariedades revelan la falta de compromiso de Ortega “en el restablecimiento de la paz y la democracia, al no ofrecer las garantías electorales necesarias para la participación de la oposición y negarnos el derecho a todos los nicaragüenses a participar en un proceso electoral que cumpla con los estándares básicos para considerarlo legítimo”.
El Cosep demandó al partido de gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y a los poderes del Estado “a que reviertan todo lo actuado en el ámbito electoral, liberen a todos los presos nicaragüenses como la única forma de contribuir a restablecer el orden constitucional y el orden democrático en este país”.
La legalidad del PRD y el PC fue cancelada por el Consejo Supremo Electoral (CSE), una institución bajo el control de militantes y personas afines al FSLN, partido que encabeza Ortega.
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El Cosep apuntó en su comunicado que la Constitución Política establece como principio de la Nación la libertad, la justicia y “el pluralismo político”, principios que obligan al Estado de Nicaragua y a sus instituciones a “eliminar todo obstáculo que impidan de hecho a la igualdad de los nicaragüenses y su participación efectiva en la vida política, económica y social del país”.
A la vez, los empresarios recordaron el artículo 55 de la Carta Magna que establece que en Nicaragua “los ciudadanos nicaragüenses tiene derecho de organizar o afiliarse a partidos políticos, con el fin de participar, ejercer y optar al poder”.
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Para el Cosep, los anteriores derechos están siendo vulnerados por parte del Gobierno de Daniel Ortega, “con la intención de garantizar el control partidario de los organismos electorales y atribuirse las facultades necesarias para eliminar de la contienda política a los opositores; hechos irrefutables que alertan sobre la inviabilidad de realización de elecciones libres, justas, transparentes, competitivas y observadas en noviembre próximo”.
