“Definitivamente esto es algo dirigido a la Fundación (Violeta Barrios de Chamorro) y a Cristiana Chamorro obviamente”, afirmó el comentarista Jaime Arellano, al salir este miércoles de la Fiscalía del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, luego de haber sido interrogado por las investigaciones contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) por el supuesto delito de lavado de dinero. Arellano coincide con el resto de periodistas que han sido “entrevistados” por este caso.
Arellano detalló que en la Fiscalía del régimen le preguntaron si él había tenido algún tipo de convenio con la FVBCH, a lo que respondió que sí y que estaba relacionado al fortalecimiento de los medios de comunicación. También sobre si conocía la procedencia de los fondos que facilitaba la organización, cuyo origen dijo desconocer. El comentarista fue interrogado como testigo y no como imputado. Estuvo acompañado por su abogado, Noel Vidaurre, al momento de la entrevista.
“Tuve la oportunidad de entrevistar al que era presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Manuel Martínez, quien todavía sigue siendo magistrado y él dijo en ese momento que sabía que el Poder Judicial era un arma que usaba el Frente Sandinista para eliminar a sus adversarios, intimidar a sus enemigos y premiar a sus allegados; y esto (la investigación de la Fiscalía) sigue demostrando que es un Poder Judicial que tiene una agenda y esa agenda se llama Cristiana Chamorro y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro”, consideró Arellano.
Vidaurre, quién es precandidato presidencial dentro de la Alianza Ciudadana, cuestionó que la Fiscalía no le entregara una copia de la declaración firmada por Arellano. “Nos dijeron que por ahora no nos podían dar y no nos dijeron por qué y sí era lógico que nos dieran una copia…creo que el régimen, a través del Ministerio Público, busca inhibir a Cristiana Chamorro, creo que ese es el objetivo final de la investigación”, dijo.
Criminalización de la profesión
En horas de la tarde de ayer, también llegó en calidad de entrevistado el periodista Ludwing Loáisiga, quién prestó sus servicios profesionales a la FVBCH para facilitar capacitaciones relacionadas a los medios de comunicación. La Fiscalía le preguntó sobre su función dentro de la organización no gubernamental.
“Si hay una persecución, si hay una criminalización a la profesión y que no podemos permitir que por hacer preguntas, por hacer noticias se nos esté criminalizando profesionalmente; creo que todos tenemos derecho a trabajar honradamente, que todos podemos estar en este país y no podemos permitir que por el hecho de ejercer nuestra profesión se nos quiera vincular con algún tipo de delito”, criticó las acciones del régimen Ortega Murillo.
Maynor Curtis, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), acompañó a Loáisiga en la entrevista y agregó que la fiscal Heydi Ramírez también preguntó a su representado que si conocía la procedencia de los fondos que obtenía la FVBCH, a lo que contestó desconocer.
Régimen quiere ilegalizar el periodismo
El periodista de Estelí, Roberto Mora, manifestó la mañana de este miércoles a su llegada al Ministerio Público, en Managua, que para el régimen de Daniel Ortega ejercer el periodismo es un acto ilegal. Para Mora eso es lo único que explica que los periodistas estén siendo citados a declarar por haber recibido financiamiento, para realizar su trabajo profesional.
“Ilegal para este sistema es ejercer el periodismo. Ya de repente la palabra periodista va ser ilegal también”, dijo Mora al momento de llegar a su cita en el Ministerio Público.
Desde la semana pasada, la Fiscalía comenzó a citar a periodistas y exdirectivos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, para investigar los señalamientos que hace del Ministerio de Gobernación (Migob) de presunto lavado de dinero en esa organización no gubernamental. Esta situación se da en medio de un proceso electoral en el que la exdirectora de la Fundación Violeta Barrios, Cristiana Chamorro, es una de las precandidatas presidenciales opositoras con mejor valoración de la opinión pública, según las encuestas.
“Aquí se puede esperar cualquier cosa del sistema en que estamos viviendo, no nos debería de sorprender aunque sí causa molestia y también algún temor, porque sabemos de qué son capaces”, dijo el periodista Mora.
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Mora, quien por muchos años fue corresponsal de LA PRENSA en Estelí, fue citado en calidad de testigo del caso de la Fundación. Reconoció que recibió financiamiento para su trabajo periodístico, algo que no considera ilegal. Debido a su trabajo crítico y de denuncia de las represión contras protestas que se vive en Nicaragua desde el 2018, Mora dijo que ha sido amenazado y robado en varias ocasiones, sin que la Policía atienda ni investigue sus denuncias.
Maynor Curtis, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), quien acompañó a Mora, explicó que no tiene sentido citar a los periodistas que han recibido financiamiento de la Fundación, porque existe mucha evidencia en los bancos de cómo se movió ese dinero.
“En realidad este tipo de testigo no abona a una (investigación) de lavado de dinero, porque a Roberto le entregaron unos cheques de una cuenta bancaria y los gastó en un proyecto periodístico que él tenía que entregar y lo entregó. Eso no es lavado de dinero, el lavado de dinero es que cuando el dinero se origina del crimen organizado, de la corrupción, narcotráfico, trata de personas. Pero el dinero cuando ya está en el banco se entiende que está limpio, además que procede de donantes de esa organización (la Fundación)”, dijo el abogado.
Curtis dijo que el periodista Mora fue atendido por el fiscal de apellido Morales, quien le preguntó por la relación con Cristiana Chamorro y con otros directivos de la Fundación.
Mora aseguró que la relación con la Fundación Violeta Barios de Chamorro ha sido administrativa, para llegar a firmar y recibir el financiamiento, pero no conoce personalmente a Chamorro ni a los otros directivos.
Este miércoles por la mañana también se presentó a la Fiscalía Walter Gómez, administrador financiero de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, junto a su abogada, Eyling Cruz Rojas.
La abogada Cruz manifestó que Gómez fue citado en calidad de imputado, pero él está haciendo uso del derecho a guardar silencio. Cruz reconoció que el Ministerio Público tiene facultad de abrir una investigación y hacer las citatorias correspondientes.
De manera simultánea a estas citatorias en Managua, fueron citados los representantes de Radio La Costeñísima en Bluefields, Caribe Sur del país.