La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado de Nicaragua cesar la represión y liberar a todas las personas privadas de la libertad arbitrariamente. El comunicado de la CIDH llega en los momentos más intensos que vive el país, por las detenciones arbitrarias de opositores destacados, entre ellos cuatro aspirantes presidenciales en pleno proceso electoral.
“La Comisión insta al Estado nicaragüense a poner fin inmediato a la persecución y las detenciones arbitrarias, y liberar de inmediato a todas las personas que se encuentran detenidas en contexto de la crisis iniciada en el 2018, garantizar su integridad y seguridad personal, y a restablecer las garantías para el goce pleno de los derechos civiles y políticos”, señala el comunicado.
El organismo regional, presidido actualmente por la chilena Antonia Urrejola, expresó su “enérgica condena” por lo que califica como un “grave escalamiento de la represión en Nicaragua registrado en los últimos días”.
La CIDH se mantiene pendiente de los sucesos del país a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) desde 2018, cuando comenzó la represión armada contra las protestas civiles.
Mediante el Meseni, “la Comisión ha recibido información y testimonios que indicarían el empleo desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional al momento de las detenciones. En la mayoría de los casos, se indicó el allanamiento de los domicilios, alegadamente, sin mediar orden judicial”, indica el comunicado publicado este jueves.
El pasado 9 de junio, la CIDH también condenó “el intensivo escalamiento de la represión en contra de personas y organizaciones opositoras, defensoras de derechos humanos y de la prensa independiente. En particular, la Comisión condenó la detención y criminalización de Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz Sequeira, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro García, quienes habían hecho públicas sus precandidaturas presidenciales, en el contexto de las elecciones generales previstas para noviembre próximo”.
En el reciente comunicado, la CIDH manifestó su preocupación por las recientes detenciones y la criminalización de los “líderes y lideresas políticos y personas defensoras de derechos humanos ocurridas entre el 8 y 14 de junio, Violeta Granera Padilla, José Adán Aguerri Chamorro, José Bernard Pallais Arana, Dora M. Téllez, Ana Vijil, Suyén Barahona, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco, Tamara Dávila, quien además es beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión. Asimismo, se tuvo conocimiento de la detención de Luis Alberto Rivas Anduray, gerente del Banpro, el 15 de junio”.
La CIDH recuerda que “desde el inicio de la crisis en 2018, la situación de derechos humanos en el país ha seguido deteriorándose, en un contexto de impunidad generalizada y el prolongado quebrantamiento del Estado de Derecho”.
“A la fecha, la respuesta violenta del Estado ha resultado en al menos 328 víctimas fatales; más de 2,000 personas heridas; más de 100 mil personas que han migrado a otros países, la mayoría de ellas en busca de protección internacional; más de 1,600 personas privadas de la libertad, ilegal y arbitrariamente en diferentes momentos de la crisis. De acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, articulado por la sociedad civil local, hasta la fecha, más de 124 personas permanecen privadas de libertad de manera arbitraria”, detalla la CIDH.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observación y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.