La cooperación técnica y financiera de España al sistema judicial de Nicaragua ha alcanzado montos de hasta 400 mil euros anuales, dato que sobresale en medio de la polémica reacción del régimen contra la canciller española Arancha González.
Los analistas han señalado que el régimen Ortega Murillo rompió el trato diplomático y pasó a las ofensas directas, tras las denuncias por las graves violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en pleno proceso electoral, la detención de aspirantes presidenciales y reconocidos opositores, que en su mayoría se encuentran detenidos.
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La cooperación española, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), ha sido constante desde el regreso de Daniel Ortega al poder en 2007. Los mismos registros virtuales del poder judicial confirman la amplia cooperación técnica y financiera originaria de España.
En 2014, la CSJ anunció que la cooperación del Gobierno de España al poder judicial nicaragüense se duplicaría en 2015, al aumentar de unos 200 mil euros a alrededor de 400 mil euros, para apoyar la profundización de la modernización y el desarrollo institucional de este poder del Estado, así como la implementación de la Ley integral contra la violencia hacia la mujer (Ley 779).
La cooperación española tiene presencia en Nicaragua desde hace 25 años, según el portal web de Aecid. Con la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han trabajado en la reforma al Código Procesal Civil que permitió la inclusión de los procedimientos orales en los procesos judiciales, el laboratorio de ADN, el equipamiento y capacitación de funcionarios del Instituto de Medicina Legal, apoyo a la implementación de la Ley 779, así como la creación del Observatorio contra la Violencia, buscando la capacidad de respuesta judicial y la coordinación interinstitucional.
En 2015, el Tribunal de Familia fue financiado en su totalidad por la cooperación española por un monto de 2.9 millones de dólares. Además, España promovió la puesta en marcha de los Juzgados de Familia en Managua, Chinandega, Matagalpa, Estelí y Bluefields. Los jueces fueron electos tras un concurso de oposición y mérito, fueron capacitados y tuvieron la oportunidad de realizar una pasantía en Madrid, entre otras formas de cooperación.
Mal uso de la cooperación
El abogado Yader Morazán valoró que el Gobierno de España ha sido el cooperante más fuerte que ha tenido el sistema judicial de Nicaragua, pero dijo que seguramente nunca esperaron que la ayuda que estaban dando fuera usada para hacer todo lo contrario de la justicia.
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Morazán aseguró que la mayor incidencia de la cooperación financiera y técnica española ha sido para la implementación de la Ley 779, pero también para el fortalecimiento de las defensorías públicas, donación de computadoras; la construcción del complejo penal de familia y el Instituto de Criminalística, ambos construidos con fondos españoles y equipado por la Unión Europea.
“Estoy seguro que en los compromisos adoptados, por ejemplo con el Instituto de Criminalística, nunca dijeron que iban a violar el domicilio, como lo ha estado haciendo recientemente la Policía”, manifestó Morazán, quien trabajó al menos ocho años en el sistema judicial público.
El abogado no duda que toda la infraestructura, los equipos técnicos y lo aprendido con delegados judiciales españoles, esté siendo usado ahora para “investigar” a los opositores.
“En el Instituto de Criminalística existe el departamento de informática, y en ese departamento es donde seguramente están revisando todos los equipos electrónicos y de almacenamiento de datos que ha ocupado ilegalmente la Policía recientemente”, agregó el abogado.
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También, según Morazán, la cooperación española y la Unión Europea financiaron la implementación del Manual de la Evidencia y Cadena de Custodia, en el cual se encuentra establecido la normativa de los allanamientos, los derechos de las personas detenidas y las requisas.
“La cooperación española también, en comunión con la Unión Europea, implementaron ese manual, hicieron un posgrado a nivel nacional con la participación de todos los operadores de justicia. Es decir, es amplia la cooperación que han dado los españoles en estos temas”, dijo el abogado.
Por su parte, la abogada Yonarqui Martínez valoró que el gobierno de Ortega no reconoce la importancia de la cooperación española, que en su momento contribuyó a fortalecer el sistema judicial gracias a las donaciones de la comunidad europea, porque de otra manera Nicaragua no podría haberse profesionalizado en ese ámbito.
“Nicaragua no es una isla, es un país que ha venido tratando de avanzar con la ayuda de diferentes países. Recordemos que la modernización en las aulas virtuales, así como iniciativas de fortalecimiento del poder judicial, han sido llevadas a cabo a través de cooperación de la comunidad europea. Se han necesitado fondos externos al ser un país pobre. Estas en su momento se verían afectadas, en caso que se retire ayuda a este órgano”, dijo la abogada.
El régimen de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, usa el sistema judicial como instrumento de represión contra sus adversarios políticos, inventándoles delitos para allanar sus domicilios, encarcelarlos o dejarlos bajo arresto domiciliar. En pleno año electoral, no se permite la competencia justa, ni existe un árbitro confiable que garantice elecciones libres, justas y transparentes.