La Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja del Congreso español aprobó este martes una Resolución que pide al presidente del gobierno de ese país, Pedro Sánchez, la aprobación de sanciones, a la vez que condenaron el incremento de la represión del régimen de Daniel Ortega en pleno año electoral. Un total de 28 diputados votaron a favor del documento y siete en contra, entre estos del partido de izquierda Podemos.
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La Resolución fue acordada por los diputado del Partido Popular (PP), Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Vox (Voz en latín).
El escrito pide expresamente al Gobierno que condene “los últimos ataques del Gobierno de Nicaragua contra actores políticos y sociales de oposición y medios de comunicación independientes y promover todas las acciones políticas y diplomáticas necesarias en defensa de las libertades y los derechos humanos en Nicaragua”.
Los diputados españoles manifiestan que el Ejecutivo debería “exigir la liberación inmediata de todos los presos políticos y defensores de derechos humanos” y exigir que las elecciones previstas para el 7 de noviembre “garanticen todos los derechos de la oposición y la transparencia del proceso con medidas como la independencia del Consejo Electoral y la presencia de observadores independientes”.
Y por último, los diputados reclaman al Ejecutivo que promueva y lidere “en las instituciones europeas la aprobación de sanciones contra los dirigentes del Gobierno que aumenten la presión internacional y ayuden a restablecer el Estado de Derecho y las libertades en Nicaragua”.
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El diario Europa Press recoge el debate de este día en el Congreso español, destacando la intervención de la portavoz del PP, Belén Hoyo, quien arremetió contra el “régimen dictatorial” de Daniel Ortega y expuso las críticas realizadas por el Gobierno nicaragüense en los últimos días contra la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.
“No seré yo quien defienda a la ministra”, ha dicho Hoyo, incidiendo en su “gestión nefasta”, si bien ha sostenido que “un ataque así no se debería permitir”. Asimismo, ha acusado a Ortega de “un nuevo golpe de Estado”.
Las respuestas del régimen de Daniel Ortega a la canciller Arancha González, quien había pedido al gobierno orteguista cumplir con sus compromisos democráticos, suscitó gran polémica por la cantidad de insultos con que respondió el Estado nicaragüense, faltando a todas las normas de la diplomacia.
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Hoyo acusó a Ortega de “un nuevo golpe de Estado” por las últimas actuaciones en materia de Derechos Humanos y que limitan el derecho de los nicaragüenses a elegir y ser elegidos, incidiendo en que “hasta aliados tradicionales como México y Argentina le están dando media espalda” al presidente.
Por su parte, el portavoz de Vox, José María Sánchez, también se refirió al carácter “dictatorial y totalitario” del régimen de Ortega al tiempo que manifestó su “sorpresa” por el apoyo del PSOE a su iniciativa toda vez, ha dicho, que algunas de las leyes aprobadas en los últimos meses en Nicaragua parecen tener una “curiosa coincidencia” con algunas planteadas por el Gobierno de coalición.
El proceso electoral de Nicaragua se lleva a cabo en un contexto de represión, asedio policial y detenciones de opositores, entre ellos cinco aspirantes presidenciales y destacados opositores. Además, el Consejo Supremo Electoral (CSE) es un órgano totalmente bajo el control del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que encabeza Ortega.
Esta situación ha llamado la atención de la comunidad internacional, que pide a Ortega detener los actos represivos y garantizar elecciones libres y justas el próximo domingo 7 de noviembre que se realizarán las elecciones de Nicaragua.