Aunque no está dentro de las funciones de los acompañantes electorales, la dictadura de Daniel Ortega, pocas horas antes del inicio del proceso de votación, reunió a los extranjeros acreditados para explicarles los avances en materia de salud y educación durante la administración de 15 años del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), algo inusual en un proceso electoral normal y apolítico.
Esto contrasta con la observación electoral que se vivió en el 2006, el año en que Ortega regresó al poder y que la misma observación electoral internacional certificó su victoria.
Según medios oficialistas, durante la presentación gubernamental este sábado, que al final resultó ser una exposición propagandista a favor de Daniel Ortega, los ministros de Salud y Educación, Martha Reyes y Salvador Vanegas, fueron los encargados de realizar la explicación sobre cómo ha evolucionado el acceso en ambas áreas durante la Administración bajos modelos que consideran exitosos, algo que no es certificado a nivel internacional.
Durante la exposición, Reyes valoró el esfuerzo que el gobierno sandinista ha realizado en materia de respuesta frente al covid-19 y el plan de comunicación. Sin embargo, cabe mencionar que Nicaragua es uno de los países peores valorados a nivel internacional sobre el manejo de la pandemia y el secretismo de información, algo que han hecho señalar organismos de salud regional. Además el país tiene los niveles de vacunación más bajos de América Latina.
También estos invitados por la dictadura participaron en un encuentro con autoridades del Banco Central de Nicaragua y el hijo de Daniel Ortega, Laureano Ortega Murillo, que explicaron el estado de la economía, que acumula tres años de recesión tras la violencia desatada por la dictadura en abril del 2018.
Ortega Murillo dijo “que a pesar del fallido golpe de Estado, el impacto de los huracanes y la pandemia del covid-19, Nicaragua va avanzando y creciendo”, según informaron los medios de propaga. “Es un logro enorme para el pueblo nicaragüense y un reflejo muy claro de un marco legal muy seguro, confiable para el inversionista y de un sistema y un gobierno que trabaja responsablemente promoviendo estas inversiones”, afirmó el hijo del dictador, pese a que realmente se trataría de reinversiones, mientras Estados Unidos ha pedido a los empresarios tener cuidado al traer sus capitales a Nicaragua.
La dictadura, que cambió drásticamente la figura y papel de la observación internacional y nacional, al limitar la función de esta a solo “acompañante”, acreditó para este cuestionado proceso electoral a personalidades de 27 países y 600 periodistas nacionales y extranjeros, excluyendo a la prensa independiente nacional y rechazó el ingreso de medios de comunicación de renombre mundial.
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El reglamento de acompañamiento electoral, divulgado en mayo de este año, no contempla entre las funciones de los “acompañantes electorales” participar en eventos de propaganda del partido de gobierno y tampoco deja con claridad cuál es la función de estos durante el proceso.
De hecho, la dictadura que controlada el CSE estableció una especie de bozal a estos, según los artículos 20, 21 y 22. En el primero, dice que estos solo se podrán movilizar en las rutas establecidas y designadas por el Consejo Supremo Electoral; el segundo, que los acompañantes electorales podrán comunicar por escrito al CSE sus observaciones y criterios una vez que recorran la ruta designada.
Y el tercero, que estos deberán presentar un informe preliminar a cancillería de la República, que a su vez remitirá al CSE y tras un previo consenso se definirá la publicación. Es decir que estos no tienen independencia ni en su movilización ni la emisión de sus informes, que estarán controlados por el órgano electoral y cancillería.
El contraste
Esto contrasta, por ejemplo, con el proceso de Observación Electoral en el 2006, cuando los países y entidades invitadas podían incluso evaluar días previos los padrones electorales. En un informe completo sobre la observación que llevó a cabo el Centro Carter, se lee que incluso, pese a que la invitación llegó tarde, pudieron enviar misiones un mes antes del proceso electoral que se reunían diariamente “con funcionarios electorales, dirigentes partidarios, representantes de los gobiernos locales, grupos de la sociedad civil, la Policía y el Ejército con el objeto de dar seguimiento a los preparativos locales para las elecciones y la campaña electoral en los 17 departamentos y regiones de Nicaragua”.
Incluso el reporte revela, que tras el despliegue de observadores en el interior del país en ese año, la mitad regresó a Managua “para rendir informes un día después de las elecciones, mientras el resto permaneció una semana más en los lugares a donde se les había desplazado con el objeto de realizar un monitoreo del intrincado proceso de conteo votos y posibles impugnaciones”.
Durante este proceso, el equipo de observadores internacionales sostuvieron reuniones, pero solo con autoridades del Consejo Supremo Electoral, el presidente Enrique Bolaños, los candidatos de todos los partidos, la comunidad internacional, el sector privado y representantes de la sociedad civil, “con el objeto de conocer el grado de confianza que tenían en el proceso y las inquietudes que subsistían”.
El CSE garantizó el acceso de las delegaciones de observadores “a todos los aspectos del proceso y se mantuviera una comunicación fluida con las autoridades nicaragüenses, el cuerpo diplomático, los representantes de la OEA y la UE, así como los grupos nacionales de observación electoral”. El proceso de observación duró 15 meses, porque se comenzó con las elecciones regionales en el Caribe y luego culminó con los comicios nacionales en noviembre 2006.
Toda esa experiencia de 2006 contrasta, con el adoctrinamiento que el régimen montó entre sus propios invitados en esta ocasión. Durante la exposición, el titular de Educación, Salvador Vanegas, hizo un recorrido de la situación de la educación en Nicaragua y señaló que cuando Ortega llegó al poder en el 2007, firmó un decreto para garantizar la gratuidad de la educación.
Los medios de propaganda de la dictadura divulgaron fotografías de delegaciones de este grupo de acompañantes donde aparecían incluso haciendo señal de respaldo a la casilla del partido de gobierno, algo que tampoco se veía en los procesos electorales libres, independientes y transparentes.
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El actual proceso electoral está plagado de irregularidades, pues la dictadura mantiene encarcelada a toda la oposición, incluidos ocho aspirantes presidenciales a los que fulminó acusándolos de traición a la patria con un paquete de leyes que la Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, le fabricó al régimen para eliminar de la contienda a sus principales contrincantes.
Ortega busca cinco años más en el poder, para completar un proceso de 20 años consecutivos al frente a la segunda nación más pobre de América Latina. Se espera que la comunidad internacional declare ilegítimo el proceso y se incremente el aislamiento del gobierno, que comenzó en abril del 2018 cuando el Estado ordenó asesinar a más de 328 nicaragüenses.