A propósito de las votaciones nacionales de ayer en Nicaragua —pero desde antes de que se realizaran— se discute sobre la legitimidad del poder.
Se debate a menudo, pero la verdad es que esta cuestión fue dilucidada desde hace mucho tiempo por los más lúcidos doctrinarios de las ciencias jurídicas, políticas y sociales. Esto lo hemos mencionado en algunas ocasiones, cuando ha sido necesario y oportuno, como lo es ahora por el evento político del domingo 7 de noviembre.
El enciclopedista jurídico argentino Guillermo Cabanellas —a quien nadie o muy pocos le pueden negar autoridad en la materia— escribió en forma breve y sencilla pero categórica que lo legítimo es lo que se ajusta a derecho, justicia y razón. Legítimo es, según el maestro Cabanellas, “lo cierto, verdadero, auténtico, genuino”.
Relacionada directamente con lo político, “la legitimidad es la justificación ética del origen del poder, del ejercicio del mando político, de la procedencia y aplicación de la ley o de cualquier otro acto de la autoridad pública”. Así lo indica el enciclopedista político, jurista, estadista y expresidente democrático de Ecuador, Rodrigo Borja, en su Enciclopedia de la Política que se puede ver y consultar fácilmente en línea.
Agrega Borja que la legitimidad es “la credencial ética para mandar y ser obedecido”, y que en la actualidad la democracia es “la legitimadora del poder”.
Señala inclusive el enciclopedista político que “el poder legítimo obliga moralmente a la obediencia, el ilegítimo no… Todo gobierno que no provenga de la voluntad popular electoralmente expresada es una impostura”.
Es obvio que no cualquier voluntad electoral legitima el poder, tiene que ser una esencialmente democrática. En este campo no hay dónde ni cómo perderse.
En las Américas, los Estados miembros de la OEA aprobaron solemnemente el 11 de septiembre de 2001, en Lima, Perú, la Carta Democrática Interamericana. En ella establecieron de manera soberana las reglas jurídicas y políticas determinantes de que sea democrática, y por tanto legítima, una elección de las personas que ejerzan el poder político en cada uno y en todos los países miembros de dicha organización intergubernamental.
Otra autoridad en la materia, el italiano Gugliemo Ferrero, explicó que “el ejercicio del poder en las democracias modernas se justifica sobre dos principios de legitimidad mezclados: el democrático y el electivo, en tanto que el primero se refiere al reconocimiento de la soberanía popular y el segundo se funda sobre las elecciones libres de los representantes del pueblo…”
Pero, cuesta reconocerlo aunque sea verdad, en algunos países la legitimación del poder político mediante el ejercicio de una auténtica democracia electoral y representativa, todavía sigue siendo un tema de discusión y una aspiración.