Los representantes de ocho países de las Américas, encabezados por el de Canadá, presentaron ante la Asamblea General de la OEA reunida en Guatemala un proyecto de resolución sobre Nicaragua.
Los otros siete representantes de países que suscribieron el proyecto, colocados en orden alfabético y no por su importancia geopolítica, son los de Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana y Uruguay.
Los principales puntos del proyecto son: el tercero, que propone a la Asamblea General de la OEA declarar que “las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”. Y el quinto, que manda “instruir al Consejo Permanente que realice una evaluación colectiva inmediata de la situación, de conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, a ser completada a más tardar el 30 de noviembre y que tome las acciones apropiadas”.
Si la Asamblea General aprueba esa resolución, el Consejo Permanente de la OEA debe decidir si convoca a una Asamblea General Extraordinaria, para que a su vez decida la aplicación, o no, de lo que establece la Carta Democrática Interamericana para crisis políticas graves en un país miembro.
No sería la primera vez que la OEA actuara en Nicaragua, de conformidad con la Carta Democrática Interamericana, para ayudar a resolver una crisis de gobernabilidad. Lo hizo dos veces consecutivas, en los años 2004 y 2005, cuando el FSLN y el PLC, aliados en la Asamblea Nacional y teniendo bajo sus órdenes a la Contraloría y el Poder Judicial, intentaron destituir al entonces presidente Enrique Bolaños, o quitarle sus funciones presidenciales más importantes.
Ante la amenaza de sus enconados adversarios, Bolaños invocó la Carta Democrática Interamericana y pidió la protección de la OEA, la cual envió una misión para promover negociaciones del Gobierno con la oposición bipartidista sandinista-liberal. La iniciativa resultó exitosa al anunciar Daniel Ortega que no apoyaría la destitución del presidente Bolaños, quedándose Arnoldo Alemán con las ganas de derrocar al presidente que había sido elegido como candidato de su propio partido.
Ahora, lo único o más que puede hacer la OEA es aplicar los artículos 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana y suspender a Nicaragua. Eso fue lo que hizo con Honduras, en 2009, cuando el presidente Manuel Zelaya fue derrocado por un golpe de Estado. Pero el gobierno interino que encabezaba el político democrático Roberto Micheletti, convocó a su debido tiempo a elecciones libres, competitivas y transparentes, y en 2011, bajo la presidencia de Porfirio Lobo, Honduras se reincorporó a la OEA.
Resulta difícil creer que algo igual o parecido podría ocurrir en Nicaragua. Daniel Ortega ha dicho —y lo ha demostrado— que se siente muy incómodo en la OEA, a la que desprecia por calificarla como sirviente y “ministerio de colonias” del imperio yanqui. Y probablemente se sentiría mucho mejor fuera de la OEA, como sus colegas gobernantes de Cuba y Venezuela.
Pero ya lo veremos. Hay que esperar el desarrollo de los acontecimientos.