Cinco periodistas han sido asesinados en México en lo poco que va del año 2022. En el siglo XXI ya son 147 las personas de prensa asesinadas. Es una cifra espantosa, no porque la vida de los periodistas valga más que la de otras personas, sino porque al ser asesinados se mata también con ellos un poco de la preciosa libertad de prensa.
Indigna, además, la impunidad de los asesinos de periodistas, la falta de interés de las autoridades en perseguir a los criminales y proteger a los profesionales de la información. El 99.13 por ciento de los asesinatos de periodistas en México quedan en la impunidad, informa el periódico El País, de España.
En estas circunstancias, es insólito que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en vez de tomar medidas efectivas contra la impunidad y proteger a los periodistas independientes, lo que hace es atacarlos desde la altura de su poderoso cargo presidencial.
Al respecto ha llamado particularmente la atención, el ataque presidencial contra un periodista que reveló la opulencia en que vive en Estados Unidos (EE. UU.), un hijo del presidente mexicano que trabaja en ese país como abogado corporativo.
La información le pareció de interés público al periodista, por el contraste con la austeridad que predica el presidente. La reacción del primer mandatario mexicano no ha sido digna de un estadista democrático, sino más bien propia de cualquier autócrata latinoamericano. El presidente obtuvo y divulgó los ingresos del periodista por su trabajo y después preguntó a la institución del Estado que protege el derecho de los ciudadanos a la privacidad, que si podía hacer tal cosa.
A pesar del creciente autoritarismo presidencial, en México funcionan todavía las instituciones y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, le comunicó al presidente que no puede ni debe dar a conocer los ingresos del periodista sin tener su permiso. Y lo remitió a respetar la Constitución, que en sus artículos 6 y 16 garantiza expresamente el derecho de las personas a la privacidad de su vida y sus datos particulares.
El presidente mexicano ha justificado su actitud con el argumento de que, “¿por qué nada más van a informar los servidores públicos” sobre sus ingresos? Dice que deben hacerlo también los periodistas porque, según él, “tienen que ver con el presupuesto y con bienes públicos y con la política que es un oficio público…”
Pero el presidente mexicano está rotundamente equivocado. Lo que él dice solo aplica para los periodistas oficialistas, quienes reciben sus salarios y otros emolumentos de los fondos públicos. Eso no vale para los periodistas independientes, que trabajan para medios privados o en sus propios emprendimientos informativos.
Las contradicciones y conflictos entre poder político y periodismo, entre gobernantes y periodistas, viene desde que se crearon los primeros periódicos. Es una historia que nunca termina, porque ellos representan y defienden intereses distintos y muchas veces opuestos.
Pero, como ya dijimos, en México funciona al menos en parte el Estado de derecho y el Instituto Nacional de Transparencia ha puesto al presidente en su lugar. Él tiene que dedicarse a gobernar, a combatir la criminalidad y la impunidad, no a atacar a los periodistas independientes, mientras el crimen organizado se ensaña contra ellos.