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CONTENIDO EXCLUSIVO.Son cinco horas de viaje las que tiene que hacer la familia Téllez desde San Miguelito, Río San Juan, hasta la cárcel de Tipitapa. A veces sale más fácil llegar a Managua un día antes y quedarse en casa de amigos para el día siguiente, bien temprano, hacer fila para visitar a sus familiares que están en prisión.
Este ajetreo lo viven cada 17 o 18 días, cuando les toca visitar a sus familiares presos en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, mejor conocido como “La Modelo”. En cada visita, les toca llevarles paquetería y para esta familia a veces es complicado llevar alimentos y material de higiene para dos personas. “Solo Dios sabe cómo hemos hecho, pero no los podemos dejar sin nada”, comenta un familiar.
La familia Téllez tiene a dos de sus miembros detenidos, don Pablo Emilio de 50 años y Jadder Modesto de 28. Ambos son padre e hijo y son considerados presos políticos de la dictadura de Daniel Ortega, de acuerdo al Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
Un familiar de estos dos detenidos y que nos solicita anonimato, cuenta que ha sido “terrible” tener a dos de sus miembros en prisión por el hecho de ser opositores. “Es difícil porque es a mí que me toca todo”, lamenta.
Además de Jadder Modesto y don Pablo, hay un sobrino de este último que también integra las listas de presos políticos. Se trata de Agustín Barilla Chavarría, quien acostumbraba a llegar a trabajar a la finca de su tío en San Miguelito.
Trabajando estaban cuando llegó la policía a allanar la finca. Además de don Pablo, Jadder Ernesto y Agustín, también fue detenido Augusto Calero Lazo, un vecino que solo estaba pasando a saludar a don Pablo.
La familia de los tres está muy preocupada porque la última vez que los visitaron, les dijeron que habían recibido una golpiza y posteriormente enfermaron.
“En este momento no están tan bien de salud. Han estado con gripe, tos, calentura, malestar general, vómito. Jadder sentía que no podía respirar”, dice un familiar mientras critica que, a pesar de que estos son síntomas atribuibles al Covid-19, no han recibido atención médica.
Cinco familias en prisión
De acuerdo a la lista del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, son al menos cinco familias las que tienen a dos o más miembros como presos políticos de la dictadura de Daniel Ortega.
Entre las más recientes capturas, se encuentra la de al menos cinco miembros de la familia Chamorro. Primero fue Cristiana Chamorro Barrios el dos de junio de 2021. Ella era precandidata presidencial y ahora es acusada por supuesto lavado de dinero.
Después fueron sus primos y líderes opositores Juan Sebastián Chamorro y José Adán Aguerri, detenidos el ocho de junio del 2021 en sus casas de habitación. Luego, el 25 de ese mes, el hermano mayor de Cristiana, Pedro Joaquín, fue detenido por la Policía y acusado de “conspiración para el menoscabo a la integridad nacional”.
Y por último, el primo de todos ellos, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, gerente general de LA PRENSA, también fue detenido por la policía después de que allanaran el periódico. La familia Chamorro tiene en total a cinco miembros de su familia en prisión, siendo la familia con más parientes en la cárcel.
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Por su parte, otras familias como los Martínez Arana, están a punto de cumplir dos años de detención. Adrián Alexander de 20 años, Richard de Jesús de 21 y Ángel Sebastián Martínez Arana de 24 años, fueron arrestados el 19 de marzo del 2020.
Los tres hermanos son los únicos hijos de doña Claudia Arana quien prefirió no hablar con la Revista DOMINGO por temor a represalias en contra de ellos. Sin embargo, en 2021 relató a una agencia de noticias mexicana llamada Cimacnoticias, que era madre soltera y trabajaba lavando y planchando, y de vez en cuando vendía ropa para poder conseguir dinero y llevarle paquetería a sus hijos.
Es la segunda vez que los jóvenes Martínez Arana son detenidos desde que inició la crisis política. El 29 de agosto de 2018 fueron sacados de su casa por la Policía en el barrio Auxiliadora junto a sus primos Jefry José Ortega Orozco y Axel Manuel González Garay
Una familiar de los cinco jóvenes dijo a LA PRENSA que ellos eran asediados por miembros de la Juventud Sandinista de su barrio desde abril del 2018, cuando llegaron a ofrecerles 300 córdobas, almuerzo y una moto con combustible, para que se unieran a paramilitares y fueran a reprimir a manifestantes opositores.
“Los muchachos se negaron a participar porque no estaban de acuerdo con andar golpeando y matando gente en las protestas, porque no estaban de acuerdo, sobre todo porque tenemos familiares que son universitarios. Además, ellos le reprocharon que nadie les garantizaba que no los mataran a ellos. Desde ahí ha sido un acoso horrible”, relató otro familiar.
Cuando fueron detenidos por primera vez, los hermanos Adrián Alexander y Richard de Jesús tenían 16 y 17 años respectivamente.
Los cinco jóvenes fueron liberados tras la aprobación de la Ley de Amnistía en 2019, pero los hermanos Martínez Arana fueron recapturados en marzo del 2020 y su casa allanada sin orden judicial, según denunciaron sus familiares en ese momento.
Sus primos, Ortega Orozco y González Garay no aparecen en las listas actualizadas de presos políticos.
Trampa
Otro par de hermanos que fueron capturados y se encuentran detenidos por razones políticas son Ángel de Jesús Sequeira Zamora de 20 años y José Gadiel de 29. Ambos elaboraban gorras, camisas y emblemas alusivos a la demanda de justicia y democracia, pero fueron condenados por el supuesto delito de crimen organizado y tráfico de drogas
Ambos fueron detenidos el 20 de noviembre de 2019. Tienen dos años y tres meses en la cárcel
Los familiares de estos jóvenes tampoco quisieron hablar con la Revista DOMINGO por temor a represalias en contra de los hermanos, sin embargo, en denuncias anteriores dijeron que la captura de los dos jóvenes se dio a eso de las 2:30 de la tarde cuando salieron de su trabajo a almorzar.
“Andan dos motos en la colonia donde trabajo preguntando por mí”, escribió Ángel de Jesús en sus redes sociales a las 10:57 de ese día. “Si algo me llega a pasar responsabilizo al gobierno y a la policía de Nicaragua”, concluyó. Horas después, estaría siendo detenido junto a su hermano.
Por su parte, una familiar dijo a LA PRENSA que miembros de la Policía “nos pusieron una trampa. Dos hombres llegaron a buscarlos a la casa para que les hicieran unos trabajos de sublimación y bordados que ellos hacen y nos preguntaron que dónde los podían localizar y nosotros pensando que era un trabajo, les dimos la dirección y los estaban espiando. Cuando salieron a almorzar se los llevaron”.
Los Montenegro: asesinados y presos
Antes de sufrir por sus presos políticos, la familia Montenegro lloró el asesinato atroz de cuatro de sus miembros en 2019.
Los Montenegro son originarios de Wiwilí. Es una familia de campesinos con tradición opositora y algunos de ellos habían sido miembros de la contrarrevolución en los ochenta. Doña Thelma Montenegro, cuenta que sus hermanos y sobrinos participaron en los tranques de El Cuá y Wiwilí para las protestas de 2018, pero cuando vieron que paramilitares iban a levantar su barricada a cualquier costo, decidieron regresar a sus fincas a trabajar.
El 23 de enero de 2019 fue asesinado Óliver Montenegro mientras se dirigía en su mula a levantar su cosecha de café en el Caño de la Cruz, en El Cuá. Fueron unos 15 hombres, entre vestidos de negro y civiles armados, que lo emboscaron frente a la vista del pueblo por el que pasaba. Lo rafagearon.
“Ahí se dispararon Ak47, escopetas. El asesinato de mi hermano fue atroz. Nosotros solamente pudimos recoger restos humanos y darle cristiana sepultura”, cuenta doña Thelma. Al conocer de este asesinato, sus demás hermanos salieron del país para resguardarse.
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Edgard Montenegro, conocido como el comandante “cabezón” en las filas de la Contra, se fue a refugiar a Honduras junto con sus hijos. Ahí estaban trabajando en una finca en territorio hondureño el 27 de junio de 2019 cuando llegaron a matarlo junto a su hijo Yalmar Antonio. La familia tardó cinco días para repatriar los dos cuerpos.
Doña Thelma recuerda bien estos hechos. Todo está muy reciente y por eso lo tiene fresco, dice. Ella estaría cumpliendo 25 años de casada junto a su esposo Francisco Luis Blandón Herrera, pero el 27 de agosto de 2019 también fue asesinado.
“Yo he recibido información que mi esposo fue requerido por altos mandos de la jefatura policial de Jinotega para que él se prestara y colaborara con los paramilitares para que entregara a mis hermanos. Mi esposo dijo que no y después de que fue llamado, como al mes, fue asesinado cerca de nuestra finca”, relata doña Thelma.
Francisco Luis iba en su motocicleta por el camino que lleva a su finca en la comunidad La Esperanza de Kilambé y otro motorizado se le acercó por atrás y le dio seis impactos de bala en la espalda. Todavía no hay investigación por este asesinato.
Hermanos presos
El 21 de junio del 2020, la familia todavía estaba enlutada. “Un luto con impunidad”, resalta doña Thelma, cuando les llegó la noticia de que su sobrino Oliver José Montenegro de 24 años había sido detenido por la policía.
Testigos relataron a la familia que Oliver estaba jugando béisbol en un cuadro de la comunidad cuando se le acercó un policía y le dijo que el jefe quería hablar con él. No hubo violencia, al menos en el cuadro. El joven se fue caminando con el agente hacia una patrulla y ahí se lo llevaron.
Después, la policía regresó al cuadro para llevarse la motocicleta del joven, pero los vecinos ya la habían escondido y se la entregaron a la familia.
En el caso de Dorling Antonio Montenegro sí hubo violencia. El 29 de noviembre de 2020, el joven iba en una motocicleta por la carretera hacia Wiwilí, cuando en una curva, la policía lo emboscó. Su reacción fue girar a la derecha y meterse a un restaurante.
Doña Thelma narra que la policía y paramilitares “entraron disparando” al restaurante para llevarse al joven. Ninguna de las balas alcanzó a Dorling, pero en cuanto lo agarraron lo golpearon y se lo llevaron detenido. Estuvo varios días en la delegación policial de Wiwilí.
“Nos informaron que Dorling fue sacado de la estación de policía hacia el río Coco en horas de la noche para torturarlo”, dice doña Thelma.
Al día siguiente de la detención del joven, el jefe policial de Wiwilí, Fausto Herrera, llegó a la casa de doña Thelma para allanarla junto a un nutrido grupo de policias.
La mujer cuenta que la policía le desbarató los portones con una barra de hierro, golpearon a su papá de 83 años y amenazaban a la familia mientras les apuntaban con el AK47. “Cuidado se me sale una ráfaga”, le decían a doña Thelma, quien fue obligada a mostrarles cuarto por cuarto y cada esquina de la casa. Los agentes buscaban armas.
Dorling y Oliver son hermanos, hijos de Edgar Montenegro, uno de los miembros asesinados de la familia. Dorling está condenado a seis años de cárcel por los supuestos delitos de tentativa de homicidio y tenencia ilegal de armas.
Oliver, por su parte, fue condenado a 10 años de prisión por el delito de homicidio frustrado. Ambos permanecen detenidos en el sistema penitenciario de Matagalpa.
“Nos duele, después de que asesinaron a mi hermano, ver a sus hijos secuestrados y no poder hacer nada nosotros por ellos. Imagínese el nivel de impotencia, de tristeza, de desesperación que sentimos como familia”, comenta doña Thelma, quien además de sus sobrinos, tiene a su hijo Yesser Ruiz Montenegro en prisión
Doña Thelma aclara que su hijo está en prisión desde 2013 por un delito común, pero desde hace dos años cumplió su condena y no lo han dejado en libertad. Ella no puede hacer mucho, ni siquiera visitarlo, ya que la policía la tiene circulada.
“No me permiten ningún trámite ni gestión a su favor y como es mi persona la que ha estado representando a la familia en denuncias y alzando la voz, entonces mi hijo recibe torturas. Fue golpeado en diciembre y he recibido amenazas de la policía y en el Sistema (Penitenciario). Yo no puedo ni visitar a mi hijo”, relata.
La mujer detalla que ni ella puede hacer gestiones personales como sacar su record de policía o renovar su licencia de conducir, porque siempre le dicen que está circulada y que no se le puede extender ningún servicio.
Quienes visitan a su hijo y sus sobrinos son conocidos o amigos de la familia. Ellos se encargan de llevarles mensajes de sus seres queridos y también paquetería. Doña Thelma no está segura de hasta cuándo su familia seguirá siendo reprimida porque a la situación política del país “no le vemos ni pies ni cabeza, no vemos solución”, dice.