El Diario LA PRENSA incursionó el lunes 14 de marzo en el tema de las elecciones municipales, que de acuerdo con la ley tendrán que celebrarse en noviembre de este año.
El enfoque de LA PRENSA fue el destino de las cinco alcaldías que están en manos del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), las únicas que ganó o que le fueron reconocidas por el Consejo Supremo Electoral (CSE) del régimen orteguista.
CxL fue despojado de su personería jurídica el año pasado, debido a que era el único partido que podía ganar las elecciones, en el caso de que fueran honestas. Ahora, aunque este partido político exista de hecho, no tiene legalidad y no podría participar en las elecciones. Por lo tanto, las cinco alcaldías en las que miembros de CxL gobiernan formalmente pasarán a manos del FSLN o de los partiditos que son sus obsecuentes aliados.
El mecanismo electoral es esencial en la democracia. Las elecciones son indispensables para que los ciudadanos elijan a las personas que los deben gobernar y representar en los distintos órganos del poder estatal: Presidencia de la República, Asamblea Nacional, alcaldes y concejales, así como los Consejos Regionales Autónomos del Caribe Norte y Sur de Nicaragua.
Obviamente, para que las elecciones cumplan esa función superior, deben ser auténticas, libres y transparentes.
Ante la crítica situación política del país hay un consenso generalizado en los diversos sectores de la oposición y en los organismos de la comunidad internacional interesados en Nicaragua, en que la solución tiene que ser pacífica y cívica, y por lo tanto electoral. Pero que sean unas elecciones de conformidad con los parámetros democráticos internacionales, no cualquier farsa como la del año pasado que fue repudiada con la abstención de alrededor del 80 por ciento de los ciudadanos con derecho y posibilidad de votar.
La verdad es que mientras no haya reformas democráticas serias del sistema político y electoral, no tiene sentido que la oposición participe en las próximas elecciones. Los partidos de oposición no tienen derecho de participar, pero aunque les devolvieran sus personerías jurídicas a CxL, Partido Conservador y PRD, si participaran sin reformas previas y condiciones adecuadas, sería hacerle el juego al FSLN a cambio de algunas prebendas.
En los pocos municipios que pudieran ganar, o que les asignara el Consejo Electoral sandinista, no gobernarían realmente porque el poder ejecutivo central no se los permitiría. Inclusive le harían daño a las poblaciones de esos municipios, pues serían discriminados en las asignaciones presupuestarias y excluidos de los proyectos nacionales de desarrollo. Eso es lo que ha ocurrido en los cinco municipios en los que hasta ahora gobierna supuestamente CxL.
La institución electoral ha sido envilecida y desacreditada por los fraudes y la corrupción de los partidos colaboracionistas o zancudos. Sin embargo, la oposición democrática debe mantener la convicción de que el electoral es el único medio para cambiar pacíficamente de gobierno y sistema político.
Por lo tanto deben insistir en la demanda de elecciones verdaderas, libres, limpias y competitivas.