Los procesos judiciales contra los presos políticos, que desde enero de este año se han venido realizando en la cárcel policial del “nuevo Chipote”, han motivado diversas reflexiones y muchos comentarios sobre la justicia y la ley.
Seguramente que si hubiera libertad de cátedra universitaria en Nicaragua estos procesos serían estudiados minuciosamente, comparados con los célebres procesos de Moscú en el siglo pasado, y determinando, si acaso las tuvieran, sus originalidades y aportes a la historia judicial universal.
Según los doctrinarios jurídicos, la justicia es también la ciencia de lo justo y su instrumento es la ley. Pero advierten que lo legal no necesariamente coincide con lo justo. Que a veces y en algunos países la ley es torcida para que sirva a intereses particulares y su efecto sea contrario a la justicia.
Esto se hace sobre todo donde no existe el Estado de derecho y por tanto no hay separación e independencia de los poderes del Estado; allí donde el poder Judicial se subordina al Ejecutivo y la justicia es manipulada de acuerdo con lo que se le ordena hacer.
Los historiadores políticos aseguran que el logro principal de la Revolución Francesa, aunque no haya sido inmediato, fue la creación de un órgano independiente para la administración de justicia y sistemas procesales que garantizaran el derecho de las personas a defenderse.
No fue fácil ese logro, pero desde entonces la función judicial se desvinculó del poder político y se pudo ejercer de manera autónoma. En todos los países civilizados se constituyó un poder judicial con la función de juzgar y hacer cumplir lo juzgado, separado e independiente de las otras instituciones del Estado.
En la actualidad no es democrático un país en el que no hay Estado de derecho con sus componentes fundamentales, entre ellos la separación de poderes y la independencia de la administración de justicia. Es donde no existe el Estado de derecho que se tuerce la ley para subordinar la justicia al poder político, a quien o quienes lo detentan personalmente.
Esto no es nuevo. Ya en tiempos de la Alemania nazi el jurista y teórico político alemán, Carl Schmitt, elaboró la doctrina de que la voluntad del caudillo es fuente de derecho y brazo de la justicia. Según Schmitt, el caudillo protege a la justicia de las peores amenazas y abusos “cuando, en el instante de peligro y por obra de su liderazgo, como supremo señor de los tribunales crea derecho de modo inmediato”.
Con esa monstruosa tesis fueron justificados los grandes atropellos que se cometieron en la Alemania de Hitler, basados en la ideología del resentimiento histórico, del complejo de inferioridad y el odio a los demás, considerados como enemigos.
Aunque parezca absurdo, esa doctrina se sigue aplicando en la actualidad con distintas variantes. Pero, como fondo, siempre torciendo la ley para instrumentalizar la justicia y despojarla de su majestuosa independencia e imparcialidad.