Según los expertos, Nicaragua se ha adjudicado una nueva victoria en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que este jueves 21 de abril anunció su fallo en otra de las disputas del Estado nicaragüense con Colombia.
Con su proverbial sentido de equilibrio, la Corte Internacional también cedió algunos puntos a favor de Colombia, pero en general la sentencia favoreció al Estado de Nicaragua. Sobre todo al declarar expresamente que Colombia “ha violado la soberanía y la jurisdicción” de Nicaragua en su propia Zona Económica Exclusiva (ZEE) al autorizar actividades de pesca en aguas nicaragüenses”. Y ordenar a Colombia el cese inmediato de esa violación.
Nicaragua, independientemente de sus gobiernos o regímenes políticos de turno, se ha ganado la buena reputación de ser un Estado respetuoso del derecho internacional. Pero esto es en lo que se refiere a litigios territoriales, pues no se puede decir lo mismo en cuanto al cumplimiento de las normas del derecho internacional sobre democracia y derechos humanos, en particular el régimen actual.
Esto es penoso y lamentable, porque el derecho internacional que atañe a las personas humanas y los grupos sociales, es todavía más importante que el que vela por los intereses de los Estados y los gobiernos.
La Carta de la Organización de Naciones Unidas (ONU) es un instrumento de derecho internacional vinculante para todos sus miembros, entre los cuales figura Nicaragua. Y por tanto están obligados a respetar sus principios y cumplir sus disposiciones.
El régimen de Nicaragua ha iniciado el proceso para dejar de ser miembro de la OEA, porque no quiere cumplir la Carta Democrática Interamericana que manda con fuerza de ley internacional a garantizar los derechos políticos de los ciudadanos, realizar elecciones libres y practicar la alternabilidad en el poder.
Pero también la Carta de las Naciones Unidas exige a los gobiernos el cumplimiento de esas normas democráticas. La Carta de la ONU contiene los principios de las relaciones interestatales, desde la igualdad soberana de los Estados hasta la prohibición del uso de la fuerza en sus relaciones con otros Estados. Pero proclama “la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres…” Y los enumera en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es su complemento e igualmente es un instrumento jurídico internacional que los gobernantes de todos los Estados Miembros de la ONU tienen obligación de acatar y garantizar.
Es más, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todos los instrumentos jurídicos internacionales sobre los derechos y libertades de las personas humanas, están incorporados a la Constitución de Nicaragua mediante su artículo 46. O sea que son ley nacional además de internacional.
Pareciera una utopía reclamar esto, pero los gobernantes, así como apelan al derecho y la justicia internacional para los Estados, también y con más razón deberían respetar el derecho superior de los seres humanos.