Los pueblos de las Américas, unos más o menos que otros, padecen graves problemas socioeconómicos y políticos de diverso orden. Sin embargo, el debate mediático sobre la IX Cumbre de las Américas que supuestamente es para discutir y buscar soluciones a tales problemas, gira alrededor de si se debe invitar o no a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), asegura que los gobernantes de esos países deben participar en la Cumbre, porque allí se discutirán problemas como los retos de la reconstrucción económica después de la pandemia, el cambio climático y la migración, que también les atañen a ellos.
Inclusive, la dictadura de Cuba ha reclamado oficialmente su supuesto derecho de participar por las mismas razones que aduce el primer mandatario mexicano. Y en el mismo sentido se pronuncian otros gobiernos que sin ser propiamente dictatoriales, se inclinan al autoritarismo y son amigos de las tiranías, en particular la de Cuba comunista.
También ha exigido que se invite a esos países, el Grupo de Puebla, que está integrado por exgobernantes y personalidades políticas de América Latina y España que defienden y promueven las formas de gobernar izquierdistas. Incluso dos presidentes en ejercicio, Alberto Fernández, de Argentina, y Luis Arce, de Bolivia, forman parte de esa cofradía izquierdo-populista.
Pero la IX Cumbre de las Américas debe examinar y proponer soluciones también sobre otros graves problemas actuales, relacionados con la libertad de los pueblos, la democracia y las violaciones a los derechos humanos. La IX Cumbre tiene que ocuparse especialmente de la situación de los presos políticos, de la falta de libertad de prensa y de elecciones verdaderas, precisamente en los países que el presidente de México y el Grupo de Pueblo quieren que participen en el gran evento hemisférico de Los Ángeles.
De acuerdo con las normas de la Cumbre de las Américas, le corresponde al gobierno del país anfitrión hacer las invitaciones. Pero no está obligado a invitarlos a todos, tiene la potestad de decidir a quién o quiénes no invitar.
Además, la OEA actúa como Secretaría de la Cumbre de las Américas y es la organizadora del evento. De manera que no tendría sentido que participen en la Cumbre regímenes que han decidido salirse de la OEA y actúan contra ella con agresividad violatoria del derecho internacional.
En la Declaración de Principios de la Cumbre de las Américas, adoptada en la primera sesión que fue celebrada en Miami del 9 al 11 de diciembre de 1994, se consagró el compromiso de los Estados y gobiernos de trabajar “a través de los organismos competentes de la OEA, en favor del fortalecimiento de las instituciones democráticas y de la promoción y defensa de los regímenes democráticos constitucionales, de conformidad con la Carta de la OEA”.
Y cabe recordar el hecho histórico de que en aquella primera Cumbre de las Américas participó la entonces presidenta democrática de Nicaragua, doña Violeta Barrios de Chamorro. Ahora, sus hijos Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro Barrios, y sus sobrinos Juan Sebastián Chamorro y Juan Lorenzo Holmann Chamorro son presos políticos por identificarse con esos principios democráticos de la Cumbre de las Américas y defenderlos de manera cívica y pacífica.
La IX Cumbre de las Américas debe por lo menos reclamar su libertad.