El régimen aprobó la semana pasada una nueva reforma de Ley Electoral, esta vez con la mirada puesta en las elecciones municipales programadas para noviembre de este año.
Se trata de una reforma que no tiene ninguna significación que valga la pena considerar, en cuanto a que pudiera servir para mejorar las condiciones de participación política y competencia electoral democrática.
Los cambios principales que introduce la nueva reforma a la Ley Electoral, aprobada el jueves 5 de mayo por la aplanadora de diputados del régimen, son reducir el tiempo permitido para hacer campaña política; aumentar la cantidad de votantes en cada Junta Receptora de Votos, y prohibir que se haga campaña en el Día de los Difuntos.
Lo que se advierte claramente es que, aun cuando el sistema electoral no permitía la existencia de una verdadera oposición, ni libertad para el proselitismo político y el ejercicio del sufragio, con la nueva reforma se restringe todavía más la libertad electoral, si acaso esto fuese posible.
La presidenta del ilegalizado partido político democrático Ciudadanos por la Libertad (CxL), doña Kitty Monterrey, ha dicho al respecto desde el exilio, en un mensaje de Twitter: “Una reforma electoral que no garantice elecciones libres y transparentes no es una reforma, está viciada de origen. Además, es un reconocimiento legal del Estado policial, de la ausencia de votantes y del control discrecional de los funcionarios electorales sobre el proceso”.
Por su parte, el organismo cívico Urnas Abiertas que monitorea las elecciones y en las nacionales de noviembre del año pasado constató una masiva abstención ciudadana, arriba de 80 por ciento, ha calificado como negativa la nueva reforma de la Ley Electoral.
Según Urnas Abiertas, la nueva reforma “confirma la competencia desigual” que existe entre el FSLN oficialista y sus partidos satélites. Su propósito es “limitar la movilización ciudadana aún más, para evitar que la ciudadanía aproveche estos momentos de campaña para manifestarse”,
En realidad, es imposible esperar del actual régimen que por su propia voluntad haga una reforma legal para mejorar el sistema electoral.
Las elecciones son un pilar de la democracia y para eso deben ser libres, limpias, participativas y honestas. Pero para un régimen que no es democrático, como el de Nicaragua, las elecciones son solo una formalidad para guardar las apariencias, que nunca deben representar una amenaza para la sustitución del poder establecido.
La posibilidad de elecciones auténticas desapareció en Nicaragua desde el año 2007. Las últimas fueron en noviembre de 2066, en las postrimerías del gobierno democrático de don Enrique Bolaños Geyer.
Ahora hay que esperar que pase no se sabe cuánto tiempo, para que en este país vuelva a haber unas elecciones que sirvan para cambiar el Gobierno y sean festivales de la libertad y la democracia. Como son las de Costa Rica y Chile, para mencionar solo dos casos.