Familiares cercanos de 70 presas y presos políticos han vuelto a pedir este martes 7 de junio su libertad y la de todos los demás que suman más de 180 personas de ambos sexos.
Junto con la petición de libertad para los presos políticos, los familiares han reiterado su apelación del 25 de enero del año en curso “a los gobernantes y a las fuerzas vivas de la nación, así como a la Iglesia, para que, mediante un encuentro constructivo, se forjen las bases necesarias para el bienestar común”. Es decir, un diálogo nacional.
Esta nueva apelación de los familiares de presos políticos ha coincidido con la Cumbre de las Américas que se está realizando en estos días en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos (EE. UU.).
En esta Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno no participa el régimen de Nicaragua, que no fue invitado por falta de credenciales democráticas. Y aunque lo hubieran invitado, Daniel Ortega declaró que no participaría porque se trata de un evento convocado por “el imperio”, como él suele llamar a EE. UU.
Pero el pueblo de Nicaragua sí está representado en la IX Cumbre de las Américas. Participan diversas organizaciones de la sociedad civil y el partido político Ciudadanos por la Libertad, que aunque ilegalizados por el régimen son reconocidos por la comunidad democrática internacional.
Se conoce por las informaciones provenientes de Los Ángeles que la pluralista representación nicaragüense en los diversos eventos complementarios de la Cumbre ha presentado el tema de los presos políticos como la prioridad número uno de la problemática nicaragüense. Y ojalá que de alguna manera la demanda de su libertad (lo mismo que de los presos políticos de Cuba, Venezuela y Bolivia) sea incluida en la Declaración Final de la IX Cumbre de las Américas.
Los familiares de presos políticos dicen en su pronunciamiento del 7 de junio que, sin olvidarse de todos y cada uno de ellos, se comprometen a contribuir de buena fe al “fin patriótico” de “encuentro constructivo” de los gobernantes con las fuerzas vivas de la nación y la Iglesia.
Reconocen como una muestra de buena voluntad del Gobierno “el traslado a detención domiciliaria” de siete presos políticos, que se sumaron a los otros cuatro que ya estaban con ese régimen carcelario. Para sus familias, dicen, “es un gran alivio tenerlos bajo su cuido. Pero ellos y nosotros siempre albergamos la esperanza de su liberación definitiva, y anhelamos sobre todo la excarcelación de los hermanos y hermanas que permanecen tras las rejas, logrando así un reencuentro pleno en el seno familiar”.
Las razones de los familiares de presos políticos son comprensibles, las apoyamos y nos solidarizamos con ellos. La verdad es que todos los presos políticos deberían ser puestos en libertad de inmediato y sin condiciones. Ellos fueron encarcelados y condenados injustamente, bajo falsas acusaciones y sin respeto a las normas del debido proceso consignadas en el derecho internacional y en la Constitución de Nicaragua.
Pero si no es por esa razón de elemental justicia, los presos políticos deberían ser liberados de cualquier otra manera. La demanda de su libertad es una cuestión absolutamente humanitaria.
Y ojalá que quienes mandan en el país atendieran la justa y emotiva apelación moral de las madres, padres, esposas, esposos, hijas e hijos y demás familiares de los presos políticos que sufren por su ausencia y por su situación carcelaria. Inclusive —como ellos dicen— de los que están con régimen de prisión domiciliaria.