Tienen razón quienes dicen que en la región de América Latina y el Caribe hay un ascenso de la izquierda, o progresismo, como también la llaman.
La instalación de los nuevos gobiernos izquierdistas de Colombia y Chile, que se sumaron a los de Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Honduras y México —además de los de la izquierda autoritaria en Cuba, Nicaragua y Venezuela—, prueba que eso es cierto. Además, en Brasil parece inminente el retorno al poder de Lula da Silva, quien junto con Fidel Castro y Hugo Chávez fundó el Foro de Sao Paulo que ha impulsado la toma del poder en América Latina y el Caribe por partidos de izquierda y movimientos revolucionarios.
Para algunos analistas y científicos políticos como Francisco Rojas Averena, rector de la Universidad para la Paz creada por las Naciones Unidas y la cual tiene su sede en Costa Rica, “lo que está sucediendo en la región es en realidad la búsqueda de opciones, de caminos que se abran a nuevos esfuerzos que ofrezcan respuestas diferentes, capaces de superar la exclusión social y política de una gran mayoría de personas. Superar y mitigar los efectos de las reformas estructurales efectuadas hace más de una década es el reto de los nuevos gobiernos”.
Del mismo modo, para el doctor y profesor brasileño en Ciencias Políticas, Josué Medeiros, el objetivo de los gobiernos progresistas es “reconstruir el tejido social e institucional que incluya la lucha contra la pobreza, pero también la adhesión efectiva y concreta de la izquierda, tanto a la agenda socio ambiental como a la demanda de la renovación política y democrática”.
Todo eso está bien. Pero nada o muy poco se dice de la libertad individual, de los derechos individuales que constituyen la dignidad esencial de los seres humanos. Estos son parte de grupos sociales, masas populares y entidades nacionales, pero primero y ante todo son personas individuales.
Sin duda de que es bueno hablar de reivindicaciones sociales, ambientales, de identidades étnicas y de género. Pero también hay que hablar de la libertad, que es el bien más preciado del ser humano; plantear la vigencia y defensa de los derechos del individuo, que es el elemento sustantivo primordial de la familia, del grupo social, de las masas populares, de la sociedad y del Estado.
En la democracia la izquierda tiene derecho de tomar el poder, si lo hace por la vía institucional de las elecciones libres. Y está bien que se preocupe por resolver los problemas económicos y sociales en función de los intereses de la mayoría, de los menos favorecidos, de los más pobres.
Lo que no le debe estar permitido a la izquierda —como tampoco a la derecha—, es suprimir y ni siquiera restringir las libertades y derechos de las personas. La misma solicitud que manifiesta la izquierda por los derechos económicos, sociales y ambientales, debe manifestarla por los derechos naturales y las libertades personales.
Los derechos humanos, que incluyen los derechos individuales y políticos, nacen con la persona. Son anteriores y superiores al Estado, que no los crea y solo los reconoce. La vigencia y la legitimidad de las libertades y derechos individuales, no depende de que sean reconocidos por el Estado. Es al contrario, o sea que el Estado solo es legítimo en cuanto reconozca y proteja esos derechos y libertades.
Esto no hay que olvidarlo. Más bien hay que repetirlo una y otra vez, porque siempre hay y habrá quienes le arrebatan o quieren arrebatarle a las personas su libertad y sus derechos.
