El manejo que le está dando el Consejo Supremo Electoral (CSE) a la preparación de las elecciones municipales del 6 de noviembre próximo, revela la importancia que el régimen le reconoce a ese evento político nacional. O sea, prácticamente ninguna.
En general, las elecciones —nacionales, municipales y regionales— constituyen el acto político más importante del Estado en su relación con los ciudadanos. Son el procedimiento legítimo para escoger a las personas que deben gobernar el país y representar a la nación. Y son el medio idóneo para asegurar la participación de los ciudadanos en la formación y el ejercicio del poder político.
En lo particular, las elecciones municipales son para elegir a las autoridades públicas más cercanas a los ciudadanos, las que se vinculan directamente al quehacer diario de la gente en los territorios municipales.
Pero en las condiciones actuales de Nicaragua eso no es precisamente así. Según advierte el organismo cívico independiente Urnas Abiertas, el comportamiento del régimen y “el hermetismo” con el que está preparando los comicios municipales de noviembre, “demuestra una vez más que no existe voluntad política para desarrollar un proceso electoral, justo, íntegro y transparente”.
Son 306 alcaldes y vicealcaldes, y más de 6 mil concejales de ambos sexos, los que saldrán del acto electoral del 6 de noviembre próximo. Pero en realidad todos esos funcionarios públicos no serán elegidos por los ciudadanos, solo designados por el CSE que obedece al régimen.
De acuerdo con los especialistas en derecho electoral, en el mundo hay actualmente tres tipos de elecciones, correspondientes a tres sistemas de gobierno. El primero es el de las elecciones competitivas, que se realizan en los países democráticos. El segundo es el de las elecciones semi-competitivas, que ocurren en los países con sistema de gobierno autoritario. Y el tercer tipo de elecciones es el no competitivo, que son las que se hacen en los países totalitarios, como por ejemplo China, Corea del Norte y Cuba.
Dieter Nohlen y Mario Fernández Baeza, doctores en Ciencias Políticas de la Universidad de Heidelberg, Alemania, explican (Diccionario Electoral del Centro Interamericano de Asesoría y Promoción Electoral, Capel) que en las elecciones competitivas, “el elector ejerce el sufragio libremente y entre opciones reales. Esa oportunidad y esa libertad, además, están garantizadas por normas jurídicas efectivamente vigentes. Si estos requisitos que deben verificarse copulativamente, se ven limitados en algún grado, se puede hablar de elecciones semicompetitivas, y cuando ellos están vedados al elector, estamos ante elecciones no competitivas”.
De acuerdo con ese criterio técnico- jurídico y políticamente imparcial, podemos decir que el sistema electoral de Nicaragua es del tipo no competitivo.
Que participen en las elecciones algunos partidos subordinados al régimen no hace competitivo al sistema. También en China y Corea del Norte participan en las elecciones algunos pequeños partidos, a los cuales por su cooperación les asignan algunos puestos y sueldos públicos. Solo en Cuba, Laos y Eritrea existe y participa un solo partido, el que detenta el poder.
La Constitución de Nicaragua establece en su artículo 5 el pluralismo político, que asegura “la libre organización y participación de todos los partidos políticos en los procesos electorales…” Pero de hecho solo se permite que participen algunos pequeños partidos subordinados. Los partidos verdaderamente opositores, como el Partido Conservador, el liberal Ciudadanos por la Libertad (CxL) y el social democrático Unamos, han sido ilegalizados.
Pero no por eso hay que olvidarse de las elecciones. En algún momento futuro tendrán que darse las condiciones para el regreso de Nicaragua a la democracia por la vía pacífica, o sea de las elecciones libres, inclusivas y transparentes.