Mucho se ha especulado sobre las razones por las que el régimen ha hecho exhibición de presos políticos que desde hace más de un año mantiene en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía, “el nuevo Chipote”, reconocida a nivel internacional por ser un centro de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Previo a las supuestas elecciones de noviembre de 2021, más de 170 opositores, mujeres y hombres, fueron apresados sin ninguna legalidad, procesados, sometidos a juicios viciados y condenados en franca violación a los estándares internacionales mínimos del debido proceso.
Ahora, se desconoce el objetivo del régimen con esa acción de presentar videos y fotos de los presos políticos. Lo que se pudo ver a través de los medios oficiales es que fueron trasladados al Complejo Judicial de Managua para participar en “audiencias informativas”, bajo el supuesto de actualizar a los procesados sobre el estado de sus casos. Semejante infundio del Tribunal de Apelaciones de Managua solo puede tener la pretensión de confundir a la ciudadanía.
Este episodio confirma una vez más que el poder judicial ha perdido, no solo la independencia, sino también la credibilidad y el decoro de la judicatura, al mostrar un irrespeto total a la ley y mostrarse como parte del engranaje del sistema de represión.
Ya ni siquiera se esfuerzan por aparentar legalidad, es la primera vez en la historia de Nicaragua que no se convoca a los abogados para que acompañen a sus defendidos en una audiencia judicial. La indefensión es absoluta, quedarán para historia las imágenes publicadas por los medios de la familia Ortega Murillo.
Durante el proceso, los abogados de los presos políticos pidieron hasta la saciedad, al Tribunal de Apelaciones de Managua, que se realizaran las audiencias orales y públicas. Las salas penales correspondientes se negaron sistemáticamente, como también se rehusaron a celebrar las audiencias de lectura de sentencia, también incorporadas en el Código Procesal Penal. En otras palabras, el Tribunal de Apelaciones se ha negado, sin ninguna argumentación legítima, a realizar las dos audiencias establecidas en la ley, pero cuando ya había dictado sentencias y por consiguiente perdido su competencia, decidió inventar una “audiencia informativa” que no existe en la ley y cuya finalidad política es demostrar que los presos políticos están vivos.
Sin embargo, el show del Gobierno no pudo salir peor. El deterioro físico de los presos políticos es evidente, propio de quienes ha sufrido cárcel, incomunicación, tortura y trato cruel. Lo que no está en el cálculo político del régimen es que todos, sin excepción, mujeres y hombres, han desfilado con la frente en alto, erguidos y airosos, como dignos representantes de la lucha por las libertades y la democracia de su país. En cambio, los magistrados del TAM han lucido nerviosos, inseguros y balbuceantes, agobiados, tal vez, por su deshonra profesional.
Realmente a la dictadura no le pudo salir peor esta maniobra. Quienes desde arriba dan las órdenes de atropello han mostrado su propia debilidad, de un régimen que es vulnerable a sus propias patrañas. Los magistrados anunciaron que han dictado sentencias condenatorias en contra de los reos, una facultad que únicamente le corresponde al juez de la instancia. Igualmente, insistieron en que las salas penales se encuentran examinando “el ulterior recurso” promovido por los abogados de los presos políticos, cuando en realidad, los defensores han sometido recursos de casación ante la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo tribunal.
Mala actuación, mal guion, pésima comedia, mientras las miradas limpias, nobles e intimidantes de los presos políticos, indistintamente de su género, han disminuido al mínimo la arrogancia de quienes vestidos de toga imparten injusticia.