La semana pasada la situación política de Nicaragua —que tiene una dimensión nacional y otra internacional— fue marcada por tres hechos diplomáticos de suma importancia pero también de imprevisibles consecuencias.
El primero fue que el régimen de Nicaragua rechazó de manera categórica la insistencia del Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) en el nombramiento como su embajador en Managua de una persona a la cual ya se le quitó el plácet o aceptación que se le había otorgado.
El rechazo de alguien que ha sido nombrado embajador es un derecho del Estado receptor y está previsto por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, sin consideración de las razones que se aduzcan para rechazarlo. De modo que lo lógico es que el Gobierno de EE. UU. nombre a otra persona como su embajador en Nicaragua y solicite formalmente la aceptación. Insistir en alguien que fue rechazado solo sirve para aumentar la tensión en las ya malas relaciones de ambos países.
El segundo hecho fue la alusión que hizo el presidente Ortega al subsecretario de Estado de EE. UU., Brian A. Nichols en uno de sus discursos ante las fuerzas policiales, mencionando despectivamente el color de su piel y la forma de su rostro. Esto sí que es ajeno a la Convención de Viena y contrario inclusive a las normas del respeto que se debe a las otras personas.
La tercera cuestión conflictiva fue la expulsión de la embajadora de la Unión Europea, señora Bettina Muscheidt, como represalia por una declaración oficial de la entidad multiestatal de Europa sobre la situación política de Nicaragua, en particular demandar la restauración de la democracia y la liberación de los presos políticos.
Y la cuarta es la ruptura de relaciones con Holanda (Países Bajos), por el mismo motivo político anterior y por la decisión de las autoridades holandesas de suspender definitivamente una proyectada coinversión para construir un centro de salud en el Caribe nicaragüense.
Estos hechos han agravado las tensiones en las relaciones de Nicaragua con las potencias democráticas de Estados Unidos y Europa Occidental. Pero sin llegar, todavía, a crear una crisis internacional que según dijo el excanciller de Nicaragua, Norman Caldera, a la revista Confidencial, solo se produciría si las otras partes reaccionaran en reciprocidad con la misma dureza con que ha actuado el gobierno de Daniel Ortega, lo cual no ha ocurrido.
En realidad, se ve a todas luces que el régimen de Nicaragua está practicando una diplomacia dura, de choque, con los países EE. UU. y Europa democrática a los que califica como sus enemigos históricos.
Por definición, la diplomacia es una herramienta política de las relaciones entre los Estados, para procurarlas amistosas y de beneficio mutuo. La práctica de la diplomacia responde básicamente a la pregunta clave de: ¿cómo enfrentar las tensiones y el conflicto sin echar más leña al fuego?
La respuesta, que determina la esencia de la diplomacia, consiste en que cuando hay una tensión o surge un conflicto, lo que procede es mediar, conciliar, ser puente en lugar de muro, comenzando por el uso de un lenguaje moderado y respetuoso entre las partes.
De otra manera las tensiones y el conflicto se agravan y pueden adquirir graves dimensiones. Lo cual por cierto podría ser lo que quiere quien, de manera deliberada, en vez de plantear actitudes conciliatorias opta por el enfrentamiento. Y también podría ser el caso de quienes, por arrogancia o torpeza, con sus actitudes y lenguaje tensan más una situación difícil, en vez de distenderla como aconseja el sentido común.
Diplomacia de choque, llaman algunos analistas políticos y diplomáticos a la estrategia de tratar con dureza las diferencias y contradicciones en las relaciones de los Estados, ya sea para imponer determinadas condiciones o para rechazarlas.
La diplomacia de choque la han practicado siempre algunos países. Y en la actualidad suelen practicarla los regímenes autoritarios, que se sienten amenazados por los países democráticos y creen que ser agresivos verbalmente es la mejor manera de defenderse, o de contraatacar.