Una fiscal del régimen orteguista acusó este lunes 3 de octubre a cuatro trabajadores de LA PRENSA por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”. En realidad, ellos están presos desde hace tres meses y se les criminaliza por trabajar para el Diario LA PRENSA.
El editor en jefe de este Diario, Eduardo Enríquez, ha dicho al respecto que “es una barbaridad la que están haciendo contra unas personas que de lo único que les pueden señalar es de trabajar… Les están inventando delitos y los llevan a un proceso que si sigue la misma línea que ha seguido el de las otras personas, van a resultar condenados a largos años de prisión causándoles un daño indescriptible a sus vidas…”
Enríquez destacó que “los cuatro colaboradores de LA PRENSA que están presos y son procesados no estaban organizados en ningún partido político, ni ejercían cargos de decisión en un medio de comunicación, son trabajadores y no han cometido ningún delito”.
Nicaragua es el único país en el mundo donde no hay ni un solo periódico escrito. LA PRENSA, con casi 100 años de antigüedad, fue obligada a dejarse de imprimir. Este Diario viene siendo víctima de una cruda represión desde mediados de 2021. Tres de sus directivos fueron encarcelados y condenados a varios años de prisión; la propiedad, instalaciones y maquinaria del periódico fueron confiscadas y todo su personal de redacción tuvo que irse al exilio, desde donde mantiene viva a LA PRENSA en su versión digital.
Es importante mencionar que el 30 de septiembre recién pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del gerente general de LA PRENSA, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, quien está preso desde agosto del año pasado y ha sido condenado a nueve años de prisión.
La CIDH ha solicitado al régimen de Nicaragua que “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud del señor Juan Lorenzo Holmann Chamorro y los integrantes de su núcleo familiar”. Y “que adopte las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención del beneficiario (o sea, de Juan Lorenzo) sean compatibles con los estándares internacionales…”
La CIDH es un órgano institucional del Sistema Interamericano y jurídicamente sus decisiones son de cumplimiento obligatorio. Pero la verdad es que solo son acatadas por los gobiernos que respetan el orden jurídico internacional. Los demás no les hacen caso y menos aquellos que han decidido salirse de la OEA.
De todas maneras, es importante que la CIDH haya dispuesto las medidas cautelares en favor de Juan Lorenzo y sus familiares. Aunque el régimen no las acate, esa decisión del organismo de las Américas que vela por los derechos humanos, tiene un gran valor moral y es una muestra de solidaridad con la víctima y con el Diario LA PRENSA. Una solidaridad que agradecemos en todo lo que vale.