Del miércoles 5 al viernes 7 de octubre se está realizando en Lima, Perú, la 52 Asamblea General de la OEA que está integrada por los cancilleres de los Estados miembros.
La 52 Asamblea General de la OEA se reúne bajo el lema “Juntos contra la desigualdad y la discriminación”. Pero no incluye el tema de los atropellos a la democracia y las violaciones a los derechos humanos en algunos países de las Américas, que son las peores formas de desigualdad y discriminación.
Sin embargo, está previsto que apruebe una resolución sobre Nicaragua, que sería la quinta desde que en abril de 2018 estalló la crisis sociopolítica en este país centroamericano. A las cuales hay que sumar las otras diez resoluciones aprobadas por su Consejo Permanente.
No se puede negar que las resoluciones de la OEA sobre la falta de democracia y violaciones a los derechos humanos son importantes por la significación moral que tienen para las víctimas. Y porque mantienen en el foco del interés mediático tales problemas políticos que más bien son dramas humanitarios.
Pero en la práctica esas resoluciones de la OEA carecen de efectividad. Primero, porque Nicaragua de hecho ya no es miembro de esa organización interamericana; y además porque no pasa nada cuando no son acatadas.
Decimos que el Estado de Nicaragua de hecho ya no es miembro de la OEA porque el régimen decidió sacarlo en noviembre de 2021. Es cierto que la Carta de la OEA establece que el Estado que decide retirarse tiene que seguir cumpliendo sus obligaciones durante dos años después de anunciar su salida, o sea que la desafiliación de Nicaragua será efectiva hasta en noviembre de 2023. Pero eso es retórica jurídica. Un gobierno que no atendía las resoluciones de la OEA siendo miembro efectivo, mucho menos que las cumpla cuando ya va de salida.
Además, la OEA se encuentra en una crisis existencial. 74 años después de su creación, en 1948, da muestras claras de agotamiento y pérdida de legitimidad por el fuerte cuestionamiento de algunos de sus miembros más poderosos e influyentes, como México y Argentina.
Una organización de Estados constituida sobre la base de los principios y normas del derecho internacional debe de tener valores superiores compartidos y defendidos por todos sus miembros.
La OEA no tiene instrumentos coercitivos para imponerse sobre los miembros infractores, y si acaso los tuviere no se atreve a usarlos. De allí que si cualquiera de los gobiernos no quiere cumplir, simplemente no lo hace y los principios y valores quedan en el aire.
Por supuesto que aunque la OEA está en decadencia, no es fácil sustituirla con otra organización más homogénea y eficaz. Y con el avance de la izquierda y el populismo autoritarios, mucho menos que se vaya a constituir una nueva organización de Estados que sustente y defienda vigorosamente los valores de la libertad, la democracia y los derechos humanos, lo cual es tan necesario actualmente en las Américas.
De manera que la OEA seguirá rengueando y mal funcionando quién sabe por cuánto tiempo; emitiendo hermosas declaraciones que confortan moralmente a las víctimas, pero que los victimarios las menosprecian con olímpica arrogancia.