El miércoles de la semana pasada se conoció que una jueza programó para el 1 de diciembre próximo el inicio de un juicio penal contra varios sacerdotes y otras personas de la Iglesia católica de Nicaragua.
Se trata de los sacerdotes de Matagalpa, Ramiro Reynaldo Tijerino Chávez, Sadiel Antonio Eugarrios Cano, José Luis Díaz Cruz; el diácono Raúl Antonio Vega González; los seminaristas Melkin Antonio Centeno Sequeira, Darvin Esteylin Leiva Mendoza, y el camarógrafo Sergio Cárdenas Flores.
Ellos son acusados de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua”.
Esto es un absurdo político, jurídico y judicial desde cualquier perspectiva de racionalidad que se le mire. Daña dolorosamente a la Iglesia católica, lastima la sensibilidad religiosa de los creyentes y perjudica incluso —aunque al parecer no se dan cuenta— a los mismos gobernantes.
Otros dos sacerdotes católicos ya fueron procesados y condenados por el poder judicial. Primero fue el padre Manuel García, párroco de la iglesia Jesús Nazareno de Nandaime. Lo acusaron de agredir a una mujer que después se retractó, pero de todas maneras el religioso fue condenado a dos años de prisión. Y después le tocó el turno al sacerdote con rango honorífico de monseñor, José Leonardo Urbina, párroco de la iglesia del Perpetuo Socorro, en Boaco, condenado a 49 años de cárcel por supuesto abuso y violación sexual a una adolescente.
En todos los casos no se han respetado las normas del debido proceso y por lo tanto los juicios son, por lo menos, de dudosa legitimidad.
Igualmente el padre Óscar Danilo Benavídez Dávila, titular de la parroquia del Espíritu Santo en el municipio de Mulukukú, Región Autónoma del Caribe Norte de Nicaragua, fue encarcelado en agosto pasado, y acusado en septiembre por la Fiscalía, sin precisar los cargos que se le imputan.
Al menos son 10 los sacerdotes católicos que están encarcelados, según información de LA PRENSA publicada el miércoles de la semana pasada. A los que se agrega el padre Enrique Martínez, párroco de la iglesia de Santa Marta, en Managua, que fue apresado la noche del jueves 13 de septiembre.
Además, el obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, monseñor Rolando Álvarez Lagos, quien está preso de hecho, con casa por cárcel, sin que ninguna autoridad judicial lo haya juzgado y mucho menos sentenciado.
A todo eso hay que agregar el hostigamiento a los sacerdotes que se han visto obligados a exiliarse, la prohibición de procesiones religiosas y la campaña mediática de odio a la Iglesia y algunos de sus obispos y sacerdotes.
Nunca antes la Iglesia católica había sufrido un martirio como el de ahora. Ni siquiera en los años ochenta del siglo pasado cuando el sandinismo en el poder arremetió furiosamente contra ella y quiso sustituirla con una iglesia popular de índole marxista.
En esa época hubo mucho ataque verbal de los comandantes sandinistas contra la Iglesia católica tradicional; asaltos de turbas a templos y agresiones físicas a sacerdotes; expulsiones del país y otros agravios a muchos curas porque no se sometían al Estado revolucionario. Pero a ningún sacerdote ni obispo se le encarceló, juzgó ni condenó en los tribunales como se está haciendo ahora.
Lo peor es que el sufrimiento de la Iglesia católica (de la institución y de los creyentes) no parece que vaya a terminar por ahora. Pero Dios hace proezas con su brazo, dice la oración del Magnificat. ¡Que Dios salve a Nicaragua!