Nos preguntan por qué, cuando falta poco tiempo para los comicios municipales del 6 de noviembre, no hemos hecho ningún comentario sobre ese evento tan importante para la nación.
La respuesta que cabe es una pregunta opuesta: ¿qué elecciones?
Se ve claro que lo que habrá el 6 de noviembre de este año es una repetición de lo que hubo el 7 de noviembre del año pasado. Según se razonó y explicó en el informe Nicaragua: colapso electoral 2021, presentado en enero de este año por un grupo de expertos en elecciones que están exiliados, aquello ni siquiera fue un tradicional fraude electoral.
El fraude electoral clásico, según dicho informe, es un cambio de los votos depositados en las urnas: quitar votos a la oposición y pasarlos a los partidos y candidatos del gobierno. Pero lo que se hizo en noviembre del año pasado fue todo un proceso institucional espurio para darle visos de legalidad al continuismo en el poder de quienes lo detentan. Por eso fue que la OEA, la Unión Europea y prácticamente toda la comunidad democrática internacional, no reconocieron como legítimas aquellas supuestas elecciones.
Ahora, todo indica que el próximo 6 de noviembre ocurrirá lo mismo. La única diferencia consistirá en que las autoridades confirmadas en las votaciones —pero no elegidas—, serán las delegaciones del régimen en las jurisdicciones municipales.
Actualmente el orteguismo controla 135 alcaldías, el 88 por ciento de las 153 que hay en el país. A los grupos que fingen oposición solo les dieron el manejo formal de 18 alcaldías en las votaciones municipales de 2017. Eso se mantendrá el próximo 6 de noviembre. O tal vez el régimen decida asignarse más alcaldías, ya que ha puesto velocidad al curso que lo lleva a copiar los sistemas políticos de Cuba y Corea del Norte.
La otra parte, complementaria, del montaje pseudoelectoral, es el magnífico negocio que significa para los partidos que participan, o sea el FSLN y los grupos de falsa oposición.
Según el organismo independiente de seguimiento electoral, Urnas Abiertas, para la simulación de elecciones del próximo 6 noviembre se ha asignado al Consejo Supremo Electoral (CSE) más de 30 millones de dólares. De esa suma, más del 40 por ciento es para el FSLN y los grupos colaboracionistas que lo acompañan, como reembolso por supuestos gastos de campaña electoral.
Pero, ¿cuál campaña electoral? El FSLN hace lo de siempre y no le cuesta nada, que es movilizar a los empleados públicos y usar los recursos del Estado. En tanto que de la “oposición” colaboracionista solo se conocen unos cuantos anuncios políticos baratos y patéticos que se pasan en la radio Corporación.
Las elecciones, para ser reconocidas como tales, deben “vincular el acto de elegir con la existencia real de la posibilidad de que el elector tiene de optar libremente entre ofertas políticas diferentes y con la vigencia efectiva de normas jurídicas que garanticen el derecho electoral y las libertades y derechos políticos”, indican los expertos internacionales Dieter Nohlen y Mario Fernández Baeza en el Diccionario Electoral del Instituto Interamericano.
Obviamente, la actual situación política y “electoral” de Nicaragua no es nada parecido a eso.