Siete comerciantes que se dedicaban a vender rifas en Managua fueron detenidos esta semana y llevados a los juzgados, donde la Fiscalía solicitó que estuvieran 90 días en prisión preventiva para ser “investigados”.
Los riferos, como son conocidos popularmente, fueron acusados por la fiscal Inés Miranda Espinoza, quien solicitó el 28 de octubre que se les celebrara la audiencia especial de tutela de garantías constitucionales para ampliar el plazo de investigación. A mediodía de este viernes fueron llevados ante el juez Sexto Distrito Penal de Audiencias, Rolando Sanarrusia.
Los siete riferos investigados son: Jarvin Steven Herrera Minott, de 25 años, habitante de Carretera a Masaya; Jairo Anderson Durán Rodríguez, de 52 años, del barrio San Luis Norte; Luisa Amanda León, de 54 años, de Residencial Los Arcos; Amalia Margarita Rocha Rodríguez, de 47 años, de Urbanización Altos de la Sabana; Reynel Martín Chávez Castro, de 29 años, de Carretera a Masaya; Jossie Alberto Luna Ramírez, de 30 años, de Villa Fontana; y Christopher Joshua Ramírez Barboza, de 24 años, también de Villa Fontana.
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Los comerciantes son señalados de los delitos de defraudación tributaria, competencia desleal y portación ilegal de armas.
Extraoficialmente se conoció que la competencia desleal es en perjuicio de la empresa extranjera Loto de Nicaragua. Pero en la acusación solo sale reflejado como víctima el Estado de Nicaragua, que es la víctima en el caso de la defraudación tributaria.
Todos los imputados fueron representados por el abogado Ramsés Bustos, de la Defensoría Pública.
“Investigación de naturaleza compleja”
La fiscal solicitó que los comerciantes estuvieran detenidos por 90 días por “razones y motivos que hacen compleja la investigación, lo cual demuestra la necesidad de ampliar el plazo para la obtención de elementos de prueba que aún se encuentran pendientes de realizar y la dificultad para obtener los mismos”, según se lee en el acta de audiencia.
Presuntamente a la Policía le falta revisar unos “equipos electrónicos” de los imputados, por lo que la Fiscalía insistió en la detención de los 90 días.
Mientras que el defensor público dijo que la Policía tenía los elementos necesarios para la revisión y que la detención fuera por 60 días.
El juez Rolando Sanarrusia manifestó que “haciéndose notar la existencia de una presunta organización delictiva vinculada a hechos delictivos graves” consideraba que era una “investigación de naturaleza compleja” que justifica que estén detenidos 90 días.
Según la Fiscalía, la Policía tiene que revisar 82 equipos electrónicos, además están esperando la información de “movimientos económicos” y los informes de la Lotería Nacional.