En el discurso que pronunció el martes 8 de noviembre por la noche, Daniel Ortega arremetió como es su costumbre contra quienes él mismo ha determinado como sus grandes y principales enemigos: EE. UU., España, la Iglesia católica y sus obispos.
Lo que llamó la atención esta vez es que Ortega aludió especialmente a las empresas de telecomunicaciones establecidas que operan en Nicaragua, las que, según dijo, se lucran con enormes ganancias, pero no pagan impuestos suficientes.
Ortega maldijo otra vez la privatización y aseguró que en los 16 años de la democracia (de 1990 a 1996) se privatizó todo. Y como siempre lo hace, presentó las privatizaciones de aquellos años como una calamidad que arruinó a Nicaragua.
Omitió reconocer que el régimen sandinista de los años 80 dejó al país arruinado y a la gran mayoría de los nicaragüenses en la miseria extrema. Y la verdad histórica es que las privatizaciones del gobierno democrático de doña Violeta Barrios de Chamorro rescataron la economía de Nicaragua y salvaron a los nicaragüenses.
Según datos del economista nicaragüense Carlos G. Muñiz, gracias a las privatizaciones, el Producto Interno Bruto (PIB) por persona saltó de 413 dólares en 1989, a 1,225 dólares en 2006, un crecimiento de 300 por ciento. Los salarios en el sector formal de la economía aumentaron en 254 por ciento (pasaron de 94 dólares por mes a 239 dólares mensuales). La inflación bajó de la estratosférica cifra de 1,689 por ciento —como la dejó el régimen sandinista—, a un ínfimo 10 por ciento, como la dejaron los gobiernos de la democracia, los que lamentablemente solo pudieron durar de 1990 a 2007, cuando fue restaurada la dictadura.
“Fíjense bien —dijo Ortega— el negocio que significan las Comunicaciones en estos tiempos de los celulares, del internet… Ese es un tremendo negocio… son empresas que nunca dejan de ganar… Aquí esas empresas tienen ingresos multimillonarios, es cierto que tienen que pagar un impuesto, pero no es una relación justa la que tenemos, y ahí habrá que ver con ellos cómo se habla para que puedan aportar más…”
De manera que las grandes empresas privadas de las telecomunicaciones, que son de capital extranjero, están en la mira del régimen. Si la cubanización de Nicaragua que se está imponiendo en el sistema político va a ir también en la economía, las palabras de Ortega se podrían entender como un aviso de que las empresas privadas de telecomunicaciones serán o podrían ser nacionalizadas. O que las asfixiarán con una sobrecarga de impuestos para obligar a sus dueños a mal venderlas al Estado.
En la economía, más allá de capitalismo, estatismo o socialismo, lo esencial es que las empresas funcionen bien y satisfagan las necesidades de la gente. Para ello es indispensable la regulación de las actividades económicas y el rol del Estado es evitar la anarquía económica y proteger los intereses del país y de la gente.
Pero si el Estado deja de ser regulador para convertirse en empresario, se debilitan o desaparecen los controles, la actividad empresarial se distorsiona, predomina la corrupción y las empresas se vuelven ineficaces y ruinosas. Así ocurrió en los años ochenta, durante la revolución sandinista.
Ahora, si las telecomunicaciones de Nicaragua fuesen estatizadas se degradarían al nivel de cuarto mundo que tienen en Cuba. Y además serían otro brazo directo de control y represión en contra de la ciudadanía.