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TOMADA DEL 19 DIGITAL

Delegación del FMI deja entrever que las sanciones no han mermado la capacidad económica del Gobierno de Ortega

"La perspectiva económica de Nicaragua es favorable", dice una misión técnica del FMI al término de una visita en Managua. Elogian hasta la política de transparencia del Gobierno. Estas son las recomendaciones

Una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) elogió este martes las políticas económicas y hasta de transparencia que el régimen de Daniel Ortega ha venido implementando para sostener la estabilidad macroeconómica, en un comunicado que se alinea al discurso triunfalista del Gobierno, en el que se ignoran los riesgos que implican para la economía la crisis política, la ruptura de Ortega con el sector privado, el endurecimiento del financiamiento internacional, la explosiva migración y las amenazas de las sanciones internacionales a la dictadura.

De hecho todo el panorama económico que dibuja el equipo técnico del Fondo dejan entrever que el régimen de Daniel Ortega ha mejorado su capacidad para mantener a flote la economía en un contexto de sanciones y que los recursos externos que ha conseguido por la pandemia y los huracanes de 2020, están jugando un papel fundamental para garantizar esa estabilidad macroeconómica.

“La perspectiva económica de Nicaragua es favorable, a pesar de que los riesgos hacia delante son a la baja, principalmente debido a los factores desfavorables al nivel mundial”, concluyó la delegación que visitó Managua, del 7 al 15 de noviembre con el fin de llevar a cabo la Consulta del Artículo IV de 2022.

A criterio del equipo técnico, que deberá someter sus conclusiones ante el Directorio Ejecutivo del FMI a principios de 2023, la economía está consiguiendo recuperarse bien del desplome de nueve por ciento que experimentó entre el 2018-2020, por las “políticas macroeconómicas y financieras apropiadas y colchones sustanciales de depósitos gubernamentales y reservas internacionales previos a la crisis”.

También ha sido fundamental, según el equipo técnico, el financiamiento internacional que el Gobierno consiguió para hacer frente a la pandemia y la reconstrucción después de los huracanes en el 2020, en cuya contribución, los recursos del Fondo jugaron un papel importante.

El pasado 18 de octubre, el congresista cubanoamericano Albio Sires publicó una columna de opinión en El País, de España, en su versión en inglés, donde acusó a la financiación internacional de estar “subsidiando” los esfuerzos de Ortega por socavar el Estado de derecho en Nicaragua, aduciendo ayuda humanitaria.

“Con el pretexto de la reducción de la pobreza, el alivio de desastres y el apoyo a las pequeñas empresas, las instituciones financieras internacionales, incluido el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, han prestado al menos US$1,200 millones al gobierno de Ortega desde 2018”, objetó el legislador.

“Si bien el presidente (Joe) Biden ha intensificado las sanciones individuales contra Ortega y sus compinches, el FMI y otras instituciones financieras internacionales han seguido canalizando discretamente dinero al régimen autoritario de Nicaragua. La Administración Biden no ha logrado persuadir al FMI y otras instituciones para que adopten medidas formales que prohíban a Nicaragua recibir nuevos créditos, hasta que se celebren elecciones justas y se documenten mejoras en la situación de los derechos humanos”, advirtió.

La delegación que visitó Managua, se reunió con representantes del sector privado, bancos y la comunidad internacional, la única referencia que hace sobre las sanciones, es que las miras como una amenaza si estas se profundizan, pero por ahora el contexto económico es favorable para Nicaragua.

“Un deterioro en el clima de negocios y sanciones internacionales más estrictas afectarían los flujos de comercio y financiamiento”, se limitó a afirmar.

Tras crecer un cuatro por ciento este año, el FMI espera que este se modere a un tres por ciento el próximo especialmente por factores externos como una debilidad en la demanda internacional y condiciones financieras externas más endurecidas.

“Los riesgos económicos son a la baja: una recesión mundial más severa, un endurecimiento monetario externo y precios de importación mayores de lo esperado. Si estos riesgos llegaran a materializarse, podrían resultar en un menor crecimiento del PIB real y en un menor crecimiento en las remesas, una mayor inflación, un empeoramiento de la asequibilidad de los alimentos y un déficit fiscal más amplio. Los balances fiscales, la actividad económica y los resultados sociales podrían verse afectados por desastres naturales, dada la alta exposición de Nicaragua al cambio climático y su dependencia económica de sectores sensibles al clima”, enumeró el organismo, que ligas las principales amenazas a factores más externos que internos.

Es por eso, que el organismo instó al Gobierno a “continuar con las políticas monetarias, fiscales y financieras prudentes con el fin de generar resiliencia y lograr un crecimiento sostenido a mediano plazo”.

Y agrega: “la misión apoya los esfuerzos de las autoridades para sostener el crecimiento a mediano plazo mediante la inversión en infraestructura, la reducción de los costos de la energía y la potenciación del capital humano. Los esfuerzos sostenidos para mejorar el clima de negocios y las reformas estructurales para aumentar el empleo formal ayudarán a frenar la emigración y fortalecer las cuentas de la seguridad social”.

La misión técnica también consideró que la “fiscal para 2023 es apropiada y coherente con el compromiso de las autoridades de salvaguardar la sostenibilidad fiscal”. Por eso proyecta que el déficit del sector público consolidado mejore en 0.9 puntos porcentuales del PIB, al 2.4 por ciento del PIB, principalmente mediante el repliegue de las medidas relacionadas con la crisis y la consolidación continua a nivel del gobierno central”. La deuda pública actualmente representa el 57 por ciento del PIB.

Ante posible impacto de desastres naturales y condiciones financieras mundiales más endurecidas, el Fondo recomendó al Gobierno mejorar aún más la “focalización de los subsidios y la reasignación del gasto corriente, con el fin de mantener niveles adecuados de gasto social, reducir la pobreza y apoyar el crecimiento”.

Sobre el sistema financiero, el equipo técnico del Fondo destacó la resilencia de los bancos, que se encuentran bien capitalizados y líquidos. Muestra de ello es que los depósitos del público han aumentado sustancialmente, hasta superar los niveles observados antes de la crisis y la cartera de crédito está mejorando su desempeño.

“La cartera vencida es actualmente la mitad de lo que era hace dos años, hasta alcanzar el 1,9 por ciento en Septiembre de 2022 y el nivel de activos en riesgo (compuesto por la cartera vencida, préstamos aliviados, prorrogados y restructurados, así como los activos recibidos en recuperación de créditos) sigue disminuyendo, pero permanece siendo significativo (12.1 por ciento en Septiembre de 2022)”, dijo.

Entre las recomendaciones al sector, sugirió aumentar el nivel de provisiones para activos en riesgo y apoya los esfuerzos de las autoridades para garantizar que se mantengan prácticas crediticias sólidas. “Las autoridades deberían alinear el marco de preparación para la crisis con las mejores prácticas internacionales y ampliar el perímetro de supervisión prudencial superando las brechas de datos para las cooperativas de ahorro y crédito y dar comienzo a su supervisión, priorizando a las más grandes. Las autoridades también deberían continuar monitoreando el riesgo cambiario dado el alto grado de dolarización”, agregaron.

Ignoran el cierre masivo de ONG

Y pese al cierre masivo de organizaciones sin fines de lucro, el Fondo sugirió al Gobierno “seguir reforzando el marco de ALD/CFT (acciones antilavado). Nicaragua ha implementado un conjunto completo de reformas legales para alinear su marco ALD/CFT con las normas internacionales. Como resultado, el GAFI ha anunciado su eliminación de la “Lista Gris”. La misión recomienda la aplicación apropiada del marco ALD/CFT y apoya los esfuerzos de las autoridades para fortalecer su efectividad”.

En el comunicado no hizo ninguna referencia a las denuncias que organizaciones de la sociedad civil han hecho sobre el cierre masivo y arbitrario de ONG, muchas de las cuales estaban vinculadas a ayudar a familias en materia de acceso a la salud, educación, asistencia productiva y de promoción de la democracia en las zonas rurales.

La misión del Fondo hasta elogió a las autoridades por los esfuerzos de transparencia que supuestamente están haciendo en el régimen de Ortega, una de las administraciones más opacas y cerradas que ha habido en la historia económica reciente de Nicaragua.

“La misión elogia a las autoridades por publicar su primer informe de riesgos fiscales en mayo de 2022 e insta a las autoridades a mantener los esfuerzos para lograr una mayor transparencia fiscal. Las autoridades mantienen su compromiso de publicar los informes de auditoría externa sobre el uso de todos los fondos de Covid-19; se espera que un primer informe sobre la ejecución hasta mayo de 2021 se publique a fines de noviembre de 2022”.

“La Contraloría General de la República ha tomado medidas para fortalecer la supervisión del gasto en relación con el uso de los fondos públicos, pero se necesitan mayores esfuerzos para garantizar auditorías basadas en el riesgo y la publicación de informes de auditoría”, dijo.

Al respecto, mencionó que la Contraloría General de la República ha introducido una plataforma para recolectar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos. “La misión recomienda que la Contraloría General de la República tome medidas adicionales para garantizar el acceso público a estas declaraciones, la presentación de informes en formato digital, y priorizar las revisiones de personas políticamente expuestas”.

Y agregó: “con el fin de apoyar el clima de negocios y el crecimiento, el Estado debe fortalecer la capacidad para detectar y enjuiciar los posibles actos de corrupción a lo largo de todos los niveles del gobierno, mediante la implementación plena de la Ley de Acceso a la Información Pública y la promulgación de normas que aseguren la protección de denunciantes de irregularidades. Garantizar un acceso justo e imparcial al sistema judicial y a recursos legales en los procesos judiciales respaldaría los derechos de propiedad, el cumplimiento de contratos y la protección de las inversiones”.

Economía Artículo IV FMI

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