La Procuraduría General de la República (PGR) adherida a la Fiscalía, ha solicitado 24 años de prisión para David Elías Campbell Licona, de 54 años, uno de los jefes de la Mara Salvatrucha (MS-13) de Honduras, capturado el 19 de junio de 2021 en operativos antinarcóticos realizados en Masaya y Managua.
El pedimento fue hecho en el Juzgado Quinto Distrito Penal de Juicio de Managua, después de conocerse el fallo de culpabilidad que recayó sobre David Campbell Licona y otros cinco reos por lavado de dinero y crimen organizado.
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En la audiencia del debate de la pena los representantes de la PGR y la Fiscalía pidieron 11 años de prisión por lavado de dinero y 10 más por crimen organizado, para totalizar 21 años de encierro en la cárcel para los seis inculpados.
Para David Campbell, también conocido como Don David, el fiscal auxiliar penal solicitó se aumente en un tercio (tres años más) la pena por crimen organizado por su condición de cabecilla, lo que elevaría la condena total a 24 años de prisión.
En este caso penal la PGR interviene como parte acusadora adherida a la Fiscalía, porque el Estado figura como víctima en la acusación.
¿Quién es Don David?
El 23 de febrero de 2016 en la denominada operación Avalancha, las autoridades hondureñas le ocuparon a David Campbell una lujosa residencia y una empresa transnacional de transporte pesado, pero no pudo ser capturado.
Desde entonces Don David, quien era el brazo financiero de la MS-13, era buscado por la Policía Internacional (Interpol) a solicitud de Honduras, donde tiene cuentas pendientes con la justicia de su país por legitimación de capitales y asociación para delinquir.
En la operación Avalancha, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) de la Policía hondureña y la Fiscalía contra el Crimen Organizado de ese país centroamericano ocuparon en la llamada Inversiones Delca de David Campbell más de 100 rastras y medio centenar de cabezales.
Con los medios de transporte antes referidos, Don David y sus compinches transportaban droga a otros países centroamericanos como Guatemala y el dinero obtenido del narcotráfico lo invertían en autobotes, tiendas y hoteles.
La Policía nicaragüense mantienen entre los más buscados a Leonel Francisco Campbell Ríos, alias Patrón, hijo de Don David, como sospechoso de un doble crimen acontecido días después de la captura de su padre y donde las víctimas son el vigilante de un condominio y el chofer de una sede diplomática, identificados como Mario Lino Gámez Ramírez, de 36 años, y el conductor Óscar Antonio Bravo, de 57.
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Con el dinero proveniente del narcotráfico es que David Campbell financiaba a la MS-13 de Honduras, que también recibía dinero de las extorsiones hechas por ese grupo delictivo.
Los otros inculpados
El juez que declaró culpable a David Campbell también decretó la culpabilidad en calidad de coautores por los mismos delitos al hondureño José Arturo Rivera y los nicaragüenses David Obed Ruiz Ruiz, Kevin Jonny Víctor Espinoza, Carlos Manuel Olivas y Rafael Antonio Huerta Ruiz.
Para todos ellos los abogados de la PGR y el Ministerio Público pidieron 11 años de prisión por lavado de dinero y 10 por crimen organizado. Para Rafael Huerta la parte acusadora está solicitando le sean sumados nueve meses más por portación ilegal de armas y 80 días multas por el mismo delito.
En la audiencia del debate de la pena, los abogados defensores pidieron penas de siete años de prisión por lavado de dinero y cinco por crimen organizado, para totalizar 12 años de privación de libertad para sus representados.
Las defensas de los seis inculpados al solicitar la pena para sus clientes, alegaron que el delito de lavado de dinero no puede ser considerado agravado en este caso, “pues no se demostró que les hayan encontrado droga”.
Multa millonaria
La parte acusadora también pidió que los seis reos inculpados por lavado de dinero paguen cada uno como multa un millón 628 mil 116 dólares, que equivale a cuatro veces la cantidad del dinero que la Policía les ocupó.
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Esto porque según el fallo de culpabilidad que recayó sobre los dos hondureños y los cuatro nicaragüenses, el juez sentenciador establece que los 407,029 dólares que la Policía les incautó provienen de actividades vinculadas al tráfico de estupefacientes.
La legislación penal nicaragüense establece que las multas impuestas por los jueces son pagadas una vez esté firme la sentencia y el dinero depositado a favor del Sistema Penitenciario Nacional (SPN).