La abogada defensora de los derechos humanos, doctora Martha Patricia Molina Montenegro, presentó públicamente la segunda parte de su estudio sobre las tribulaciones de la Iglesia católica de Nicaragua.
En el informe titulado Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?, su autora describe las vicisitudes de la Iglesia desde abril de 2018, cuando ocurrió el estallido social que derivó en una rebelión política contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El estudio, que es una iniciativa y responsabilidad personal de la doctora Molina Montenegro, señala y documenta que desde los sucesos de abril de 2018 hasta ahora, la Iglesia católica ha sido víctima de 396 agresiones del régimen. Entre ellas el exilio de un obispo, 8 sacerdotes y 2 diáconos; el encarcelamiento de varios otros religiosos, el cierre de medios de comunicación católicos, la expulsión del país del representante del Vaticano y de su santidad, el papa Francisco. 122 de esas agresiones se han perpetrado en lo que va de 2022.
La autora del estudio opina que la agresión a la Iglesia católica “se debe al mensaje de verdad, a la difusión de la verdad a través del evangelio”. Oficialmente la Iglesia calla ante esta situación y la doctora Molina Montenegro opina que “el silencio de los sacerdotes, objeto de asedio, es fruto de la prudencia, pero en el de los obispos es preocupante… Los mismos hechos los vivieron en los (años) ochenta y la CEN (Conferencia Episcopal de Nicaragua) se pronunció. Ahora hacen silencio”.
Esta observación de la doctora Molina es parte de una crítica generalizada que se hace en sectores de la oposición a la jerarquía de la Iglesia porque no se pronuncia frente a los ataques del régimen. Ahora mismo esta crítica se ha renovado porque en su mensaje con motivo del inicio del adviento, los obispos han omitido mencionar los hechos que la doctora Molina Montenegro describe en su enjundioso informe.
Sin embargo, hay que mencionar que el cardenal Leopoldo Brenes —quien no es el presidente de la CEN, pero figura como el líder de la Iglesia católica de Nicaragua—, sí ha hablado y fijado la posición de la Iglesia acerca de esto.
A mediados de agosto del año pasado, el cardenal Brenes dijo que “siempre han criticado a la Iglesia. Al santo padre le dicen muchos apelativos… (Pero) la Iglesia no está para complacer los sentimientos de las autoridades, ni tampoco está para complacer los sentimientos y los deseos de líderes o personalidades… el mensaje de la Iglesia siempre va adelante y el mensaje nuestro tiene su base en el amor”.
A fines de octubre de este año, cuando se encontraba en el Vaticano donde se entrevistó con el papa Francisco, el cardenal Brenes dijo a un periodista español de la agencia de noticias Rome Reports, quien le pidió un comentario a las críticas que le hacen a la Iglesia de Nicaragua por su silencio: “El evangelio nos dice que siempre debemos orar por aquellos que nos critican, que dicen cosas contra nosotros —respondió el cardenal—. Y generalmente nosotros buscamos tener un corazón tranquilo ante esas cosas, y orar”.
Al respecto el jurista Adolfo Miranda Sáenz, quien es un experto en temas de la Iglesia católica y cercano a su jerarquía, escribió en su artículo de opinión publicado en LA PRENSA del lunes 14 de noviembre: “Ni el papa ni los obispos están obligados a responder demandas y críticas públicas, menos si provienen de personas que no sean miembros de la Iglesia y su interés no sea el bien de la misma, independientemente de que sus motivaciones sean buenas o malas; ni a decir o hacer algo en relación a cualquier tipo de tema, si en su íntima convicción no lo consideran conveniente, prudente o útil”.
Nosotros, como medio de información y opinión que busca la verdad para decirla, y como defensores y practicantes que somos de la libertad de expresión, opinamos que las autoridades de la Iglesia católica tienen derecho a determinar libremente su estrategia de comunicación y relación con el Estado y la sociedad, de conformidad con el Código Canónico y los Estatutos de la CEN. Y sus decisiones deben ser respetadas.
Pero los ciudadanos y los medios de comunicación social tienen derecho de criticar sus políticas, porque la Iglesia es una institución y poder fáctico de la sociedad, que por eso mismo está expuesta a la crítica pública. La cual, sin embargo, se debe hacer con respeto al derecho de las autoridades eclesiales de tomar sus propias determinaciones.
Y en todo caso, la crítica se debe hacer sin recurrir a la difamación, al insulto y la caricaturización grotesca. Como tiene que ser en general todo debate sobre instituciones, temas y personas de interés público.