El vocero de la Comisión del Gran Canal, Telémaco Talavera, reconoce que en el acuerdo marco con la empresa HKND no incluye un plan de reforestación ni la reubicación de las 119 mil personas que serán afectadas en la construcción del Canal, pero que el Gobierno asumió el compromiso, aunque no hay ninguna responsabilidad legal.
“En el acuerdo es cierto, no se establece ningún acuerdo de reforestación, porque eso es parte del diseño y el dinero que se va a usar es parte del costo del proyecto, la indemnización es parte del costo del proyecto del Canal”, aseguró Talavera.
Para Mónica López Baltodano, directora ejecutiva de Popol Na, esto representa un peligro porque no tienen obligaciones (HKND) con la ley y en cualquier momento pueden retractarse.
“Aquí lo que vemos es un doble discurso, porque nada de lo que dice está en la Ley, es necesario que la gente se documente, que esté al tanto de lo que dice el acuerdo que se firmó, porque ahí se pone en peligro al país”, dijo López.
Pero el riesgo mayor está en el desplazamiento de las 119 mil personas que están en la ruta del Canal, pues en el acuerdo el Gobierno deja libre a la empresa HKND de cualquier responsabilidad de reubicar a los afectados. Sin embargo Talavera dice que aunque no está dentro de los acuerdos, “lo importante es que lo vamos a hacer y eso fue dicho el 22 de diciembre por el presidente de la República, lo importante es que todo mundo va a ser beneficiado, es un compromiso del Gobierno y de HKND”.
Esto es contradictorio al Acuerdo Marco de Concesión del Canal en la cláusula 8.3, literal C, que dice textualmente: “El Gobierno deberá procurar que ninguna entidad clave ni ninguna entidad gubernamental, con respecto a cualquier activo de subproyecto tenga ninguna obligación frente a ninguna persona respecto a la reubicación de cualquier persona o comunidad situada en las áreas que serán utilizadas por el subproyecto correspondiente”.
El Gobierno de Nicaragua fue demandado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA por las nueve comunidades indígenas que van a ser desplazadas sin ser consultadas bajo los términos de la Ley 169 de la OIT y las Naciones Unidas.
Pero Talavera asegura que sí fueron consultados bajo los términos de la Ley y que si hay inconformidad es de algunos de ellos.
¿QUÉ PASARÁ CON EL LAGO?
Otra de las preocupaciones es que en el acuerdo se dice que no se harán cargo de daños preexistentes y dado que el lago Cocibolca tiene cierto grado de contaminación, la empresa canalera va a tratar de evadir responsabilidades.
Sin embargo Talavera asegura que el lago se va a ir restaurando gradualmente, aunque tampoco haya una responsabilidad legal.
“Efectivamente el lago se nos está contaminado, se nos está perdiendo sin Canal, lo que vamos a hacer es ir restaurándolo en la medida que replanteamos el manejo de las cuencas”, sostuvo.
Los expertos han dicho que los trabajos que se realicen al construir el Canal liberarán al agua contaminantes y nutrientes contenidos en los sedimentos del lago, esto podría reducir la calidad del agua y afectar la rica biodiversidad que hay a su alrededor, pero además vendrán otras afectaciones con la construcción de las dos islas artificiales que se pretenden construir con el material extraído.
López asegura que el Cocibolca, además de que va a sufrir por contaminantes pesados —como petróleo— con el paso de los busques, existe el riesgo de salinización a pesar de que se usen esclusas.
Contradice a FIU
Telémaco Talavera, vocero de la Comisión del Gran Canal, dijo que la construcción de la obra no causará daños a los países vecinos, tal y como dijeron expertos de la Universidad Internacional de la Florida (FIU).
“Ellos no han venido a hacer el estudio a Nicaragua, lo hizo ERM, ellos no han sacado ninguna muestra, ni de agua ni de suelo, sino que ellos han hecho algunas recomendaciones y los criterios y apreciaciones de los expertos de la Universidad de la Florida fueron tomados en cuenta, nosotros nos basamos en ERM, que estuvo con ellos y es una empresa de prestigio internacional”, dijo Talavera.
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