El escenario trágico vivido en la capital con las últimas lluvias pudo haber sido menos cruel si el Estado de Nicaragua no hubiera abolido la veda de urbanización que declararon la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) y las alcaldías de Managua, Ticuantepe, Nindirí, La Concepción y El Crucero para un área de 57.89 kilómetros cuadrados.
Aunque la prohibición nació en 2008 con la intención de proteger el manto acuífero de la ciudad, esta también hubiese servido para evitar el alto nivel de inundación, debido a que la mancha urbana no estaría extendida en esas zonas, debilitando el proceso de infiltración.
El exalcalde de la capital, ingeniero Dionisio Marenco, recordó que desde el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) se anuló la restricción al poco tiempo, “el mismo Estado nicaragüense levantó la protección de la Cuenca (Sur)”.
Ahora, siete años después el mismo Gobierno que suspendió la veda en esta parte catalogada como “zona de emergencia”, busca soluciones al problema que ahoga a Managua. La reforestación en la Subcuenca III es una de las salidas. Asimismo, desde la Alcaldía se ha presentado la llamada Estrategia de Intervención, que tiene cuatro componentes.
CADUR Y ASOBANP BATALLARON PARA QUITAR LA VEDA
Una vez que se anunció la veda, la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (Cadur) y la Asociación de Bancos de Nicaragua (Asobanp) se unieron para lograr que se aplazara la decisión, puesto que en su momento se calcularon pérdidas para estas de treinta millones de dólares y posteriormente de cincuenta millones de dólares. Al final lograron que el TAM suspendiera la veda y que se construyera con libertad en cualquiera de esos sitios.
Frente a esto, Marenco sostuvo en su momento que estaba en juego la vida de los ciudadanos, que era necesario revisar las urbanizaciones caso por caso y no dejarse ir por el aspecto económico, porque luego se lamentaría.
RESTRICCIÓN ERA PARA EVITAR “COCTEL EXPLOSIVO”
La exdirectora de Enacal, Ruth Herrera, manifestó que las cinco alcaldías involucradas y la institución que ella dirigía estaban conscientes de la importancia de proteger esos 57.89 kilómetros cuadrados porque el setenta por ciento de agua potable que se consume en Managua proviene de esa zona, pero lamentó que se invalidó.
“Cuando vimos que esa parte estaba siendo tomada por las urbanizadoras, porque son zonas baratas (en ese momento), se dijo que se debía proteger, de lo contrario íbamos a tener un coctel explosivo con la falta de agua para beber y las inundaciones por las escorrentías, ya que la pendiente es alta”, explicó Herrera.
Con los últimos aguaceros no se salvaron de la inundación ni los residenciales ni los barrios pobres, en ambas partes el agua irrumpió las casas y dejó daños materiales y en la infraestructura de las viviendas.
Según el conteo de las autoridades, más de noventa barrios resultaron anegados y aproximadamente tres mil familias tuvieron algún tipo de afectación. Hubo daños en la red vial y sistemas de drenaje.
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