La corrupción generalizada en instituciones del Estado como la Policía, el Consejo Supremo Electoral (CSE), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) entre otras, volvió a ocupar un espacio importante en el informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado, de Estados Unidos.
El texto menciona que rara vez el Gobierno adoptó medidas para enjuiciar a los funcionarios que cometieron abusos, mientras la impunidad sigue siendo un problema generalizado en Nicaragua.
El informe presentado ayer en Washington destaca que a la corrupción se suman las políticas sesgadas para promover la dominación de un solo partido en el país y la violencia social, en particular contra las mujeres y la diversidad sexual.
Igualmente, el informe en una traducción no oficial, apunta que las autoridades mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad. Y entre los abusos de derechos humanos adicionales significativos están el abuso policial de sospechosos durante la detención, duras condiciones penitenciarias y potencialmente mortales; la prisión preventiva arbitraria y prolongada.
El Departamento de Estado sigue señalando también la erosión de la libertad de expresión y de prensa, la intimidación del Gobierno y el acoso a los periodistas y medios de comunicación independientes; así como el aumento de la restricción del acceso a la información pública, incluidas las estadísticas nacionales de las oficinas públicas.
HOSTIGAMIENTO E INTIMIDACIÓN
También destaca entre otras violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses el hostigamiento e intimidación por parte del Gobierno a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y organizaciones de la sociedad civil; entre otros. Aclara que aunque las organizaciones dedicadas a actividades humanitarias generalmente operaron sin restricciones, los funcionarios del Gobierno acosaron e intimidaron a las ONG nacionales e internacionales críticas al Gobierno o al FSLN.
Algunas ONG informaron que la intimidación por parte de funcionarios gubernamentales creó un clima de temor con el objeto de suprimir la crítica. Así como que las restricciones gubernamentales para recibir fondos directos de los donantes internacionales les obstaculizaron seriamente la capacidad de operar, revela el informe.
Para el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez, el informe refleja las denuncias constantes que a nivel interno realizan organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos.
Leiva considera que el informe también revela la falta de voluntad política del Gobierno de mejorar esa radiografía internacional en la violación de derechos humanos de los nicaragüenses.
Un ejemplo de corrupción
Como un ejemplo de corrupción y falta de transparencia de lo que ocurre en Nicaragua, el informe del Departamento de Estado expone el manejo de los fondos provenientes de Venezuela, que está separado del presupuesto estatal y controlado por el FSLN, sin supervisión.
Para ello señala que los medios de comunicación informaron que los contratos financiados por el Alba se adjudicaron a empresas con vínculos con la familia Ortega.
Igualmente menciona el informe cómo a través de sus estructuras partidarias, los llamados Consejos del Poder Ciudadano (CPC), el Gobierno de Daniel Ortega administra alimentos subsidiados, viviendas, vacunas, acceso a clínicas y otros beneficios. Y apunta que estos grupos partidarios coaccionan a los ciudadanos de la oposición para otorgar beneficios o puedan acceder a un empleo.
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