Con hijas e hijos inmutables ante el crimen de su madre, llorando y cuestionando a las autoridades policiales por considerar “inocentes” a quienes son acusados por haber matado a su progenitora, sobrina y empleada, se desarrolló ayer la audiencia inicial contra Bernardo Guadalupe Sevilla Espino, de 22 años, quien enfrentará juicio oral y público el 4 de agosto próximo.
El juez especializado en Violencia de Chontales, Leonardo Gálvez, admitió que existe causa para llevar a juicio a Bernardo Guadalupe, quien es acusado junto con su hermano de 15 años, de los delitos de parricidio, asesinato, abuso sexual y robo con intimidación agravada contra Ana María Espino Requenes, de 55 años; Mayra del Carmen Sevilla, 20, y Senayda del Rosario Fonseca, 16.
En el intercambio de pruebas, el fiscal Juan Carlos García afirmó que demostrará la culpabilidad de los procesados y mencionó, por ejemplo, que el testigo Julio Antonio Mejía, quien trabajó en la finca de Ana María Espino, en Santa Martha, escuchó decir a Bernardo Guadalupe, a finales de octubre del 2013: “Esta vieja está buscando que la mande a matar”, después que discutiera con su madre porque le dijo que cuidara la herencia que le había dejado su padre y que no derrochara el dinero.
Como principales testigos están las dos hijas de Ana María, con síndrome de Down. “Ellas reconocieron a ‘Lup’, (Bernardo Guadalupe), quien intimidó a su madre con un arma y le exigió le diera el dinero y a ‘Chin’ (el menor) que con machete le cortó el cuello a su madre, a la sobrina y la doméstica. ‘Lup’ las estranguló con una sondaleza color chicha. Cuentan que al entrar se taparon la cara con pañuelos y supuestamente asegura que les tocaron las vaginas y senos a sus víctimas”, relató el fiscal.
HAY CAUSA PARA JUICIO
Entre las pruebas, el juez señaló a seis peritos que efectuaron el examen físico, psicólogas, intérprete, especialistas en Química, Biología. Son veinte evidencias, en las cuales “se logra identificar indicios razonables de la participación en los hechos de parte del ciudadano Bernardo Guadalupe, como presunto autor directo”.
El abogado defensor Yuri Gómez se limitó a decir que ante las pruebas presentadas por la Fiscalía “en su momento demostraré que las mismas no implican la culpabilidad” de su defendido y pidió el cambio de medida cautelar con garantes y presentación periódica, a lo cual no dio lugar el juez, manteniendo la prisión preventiva.
PROTEGEN A TESTIGOS
Evidentemente molestos, los familiares de los dos hermanos acusados de matar a su madre y dos personas más, revelaron que la tarde del jueves funcionarias del Ministerio de la Familia llegaron a la vivienda en Acoyapa y se llevaron a las dos hermanas con síndrome de Down, de 18 y 38 años.
Gregoriana Sevilla, madre de Mayra (una de las asesinadas), quien dijo que asumiría la tutela de sus dos hermanas que quedaron en la orfandad y que también son herederas de tierra y ganado, reveló que las funcionarias de Mifamilia no les dieron explicaciones más que las llevarían a Los Pipitos. “Yo pido que me las den”, manifestó.
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