Representantes de las tres organizaciones de derechos humanos en el país, coinciden en que el hecho de que los principales jefes de la Fiscalía sean oficiales en retiro de la Policía Nacional, puede incidir en la acusación contra 14 policías implicados en la masacre del 11 de julio en Las Jagüitas. La Fiscalía los acusará el 22 del presente mes en los tribunales de Managua.
Fuentes extraoficiales confiaron a LA PRENSA que hay “una especie de arreglo”, entre Fiscalía y Policía, a través del cual ambas autoridades supuestamente han acordado que “no se pueden atacar”.
Ana Julia Guido, fiscal general de la República (comisionada general en retiro) y Julio González, fiscal adjunto (comisionado mayor en retiro), están al frente de la institución.
El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, no descartó que represente un riesgo que quienes lideran la Fiscalía sean oficiales en retiro. Aunque dijo que también puede ser determinante el hecho de que todos los operadores de justicia deben obedecer lo que determina el presidente inconstitucional, Daniel Ortega.
Carrión señaló que además como operadores de justicia, policías y fiscales tienen una relación de trabajo “casi consanguínea”. Y recordó que hace como diez años, cuando por primera vez se implementaría en el país el Código Procesal Penal (CPP), sostuvieron intercambios con fiscales y jefes policiales en procesos de capacitación sobre el ejercicio de la acción penal y ahí uno de los fiscales que participaba expresó, que: “Es difícil acusar a compañeros con los que trabajas cotidianamente”. Tras referir: “Y eso hace más de diez años, no estaba desgobernando este régimen. Ahora con el régimen pasa a gravitar fundamentalmente la sujeción partidaria”.
Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), coincide con Carrión al hecho de estar dirigida la Fiscalía, por una comisionada general y un comisionado mayor, ambos en retiro, se suma la militancia partidaria, pues se convierte en otro problema que deben enfrentar las víctimas de este y otros casos. Las instituciones del Estado “están minadas por personas afines al partido”, que también influye a la hora de impartir justicia, señaló Carmona.
Muestra del tratamiento especial en este caso, es a criterio del secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ACPDH), Álvaro Leiva Sánchez, el hecho que la Fiscalía haya presentado extemporáneamente un listado de policías como sospechosos. Y que todavía no los acuse es considerado por Leiva como un “ tiempo dilatorio”, por parte de la Fiscalía. Indicó el funcionario de ANPDH que los policías implicados en la masacre debieron haber sido puestos en 48 horas a la orden de un juez, por haber sido detenidos en flagrante delito.
Leiva documenta este caso para remitir la próxima semana, un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y espera que en la 155 sesión ordinaria de ese organismo, en octubre, el Estado ofrezca su versión.
Tras el ataque murieron Katherine Ramírez, de 22 años; y los niños Efraín Ramírez (11 años) y Aura María Reyes Ramírez, de 12 y otros dos lesionados graves.
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