Familiares de dos transportistas de Mina Rosita, Triángulo Minero, denunciaron ayer la detención y traslado posterior de estos a las celdas de El Chipote, donde están las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) en Managua.
Soledad Martínez y Melania Rayo buscaban ayer información de Ruperto Martínez y Víctor Olivas, padre y esposo, respectivamente. Ambas explicaron que los hombres fueron detenidos la madrugada del sábado, en Siuna, cuando junto con un grupo de personas regresaban de Managua, donde habían denunciado la falta de respuesta de las autoridades. Los transportistas de ese sector mantuvieron una protesta durante 18 días, la que fue disuelta tras la intervención de un grupo de antimotines, el pasado 17 de julio.
Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), confirmó que al momento en que Martínez y Olivas fueron enviados a Managua el comisionado Moisés Ruiz le aseguró que los trasladaba a El Chipote, como ha sucedido en otros casos en Managua, la Policía no les confirmaba a sus familiares que estos permanecían arrestados en esas celdas. Fue hasta el lunes en la mañana que a una de las parientes de uno de los detenidos le permitieron pasarle alimentos.
La explicación del oficial Ruiz fue que los detenidos fueron trasladados a El Chipote por “una orden de Managua”.
Y la causa de la detención fue por obstaculizar libre movilidad de los ciudadanos y usurpación del dominio público.
Cuevas confirmó que ese viernes en horas tempranas habían recibido la denuncia de una delegación de Rosita que, conformada por pobladores y transportistas de comunidades aledañas, aseguraban que la protesta era por reclamos para que la Alcaldía cumpla con una serie de problemas que enfrentan en esa localidad.
Entre los que mencionan la autorización de una ruta adicional en el transporte, demandan reparación de caminos, el pago del salario a unos setenta profesores, entre otros. Estos señalaron en su denuncia en la CPDH que recurrieron a la protesta dado que aunque intentaron negociar, el alcalde no quiso llegar a acuerdos.
“Dicen que habían comunidades que tenían que vender chanchitos, gallinas, para comprar material y reparar los hoyos en los caminos; el alcalde no resuelve”, explicó Cuevas que expusieron los pobladores en su denuncia.
Una de las vecinas que acompañó a los familiares de los detenidos aseguró que en Rosita ni siquiera tienen acceso al agua, son unos pocos que poseen el servicio y la mayoría tiene que andar pidiendo, por lo que “reclamamos nuestros derechos”.
Otro de los acompañantes es Luis Enrique Mejía, a este le llama la atención que cuando el grupo fue detenido por la Policía la madrugada del sábado en Siuna, los agentes dijeron refiriéndose a los detenidos: “Estos dos eran los que queríamos”.
Un grupo que habita en las comunidades de Rosita le dirigieron una carta al presidente inconstitucional Daniel Ortega y a la primera dama Rosario Murillo, a quienes les señalan que sus demandas tienen carácter social y no son políticas.
Por ejemplo, los lugareños señalan que hay por lo menos unos treinta proyectos incumplidos por la Alcaldía del lugar. “Obras sociales es lo que demandamos, pero no es por cuestiones políticas”, explica Luis Enrique Mejía, uno de los denunciantes.
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