El hostigamiento y persecución denunciados por víctimas de diferentes municipios del país ocurridos en la víspera del 19 de julio son considerados por la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), absolutamente arbitrarios.
Núñez señaló que el hecho de que la Policía buscó a personas reconocidas por protestar o militar en determinado partido político de oposición es una actitud propia de las dictaduras; las dictaduras tienen sus listas negras que se les llamaba antes, son gente que tienen objetivizadas y a las que están listos a agredir en el momento menos esperado.
La defensora de derechos humanos expresó que este tipo de persecuciones son utilizadas no solo con el fin de privar a estas personas de su libertad, sino que incide en su actividad diaria, como cuando buscan un trabajo o inician un proyecto y hasta cuando requieren un préstamo.
Para todo, prácticamente es una muerte civil, ya no podés hacer nada, porque estás en una lista negra, sostuvo Núñez.
Y es lo que ocurrió antes del 19 de julio, que a muchos opositores políticos selectivamente los anduvieron intimidando.
POLICÍA SIN CREDIBILIDAD
Es por este tipo de hechos en los que incurre la Policía que la defensora de derechos humanos considera que no hay credibilidad cuando se dice que hay un operativo, porque aquí vivimos en un país militarizado y la Policía tiene como norma la intimidación.
Previo a las actividades oficialistas del 19 de julio hubo constantes denuncias de cateos de casas, de búsqueda de personas reconocidas como opositoras en las comunidades y hasta detenciones que ejecutó la Policía Nacional.
Por ejemplo, denunciaron cateos de viviendas en Jinotepe, Carazo, a David Campos, de Fundación Forjando el Futuro Nicaragüense (Forfunic), y José María Ortega, miembro del Partido Acción Ciudadana, en Carretera a Masaya bajo supuesta violencia doméstica. En Totogalpa, Madriz, el campesino Feliciano Vargas Miranda denunció persecución policial desde el jueves 16 de julio.
Núñez refirió que esos son procedimientos de intimidación selectivos, una violación flagrante de derechos humanos y criminalización de la protesta y de los reclamos que la gente tiene.
Es más, dijo Núñez, todo el que tiene alguna visión como dirigente, sea política o social, es objetivizado y agredido en su integridad física, por lo menos, y a su derecho a vivir tranquilo.
En Condega dos simpatizantes del PLI fueron detenidos: Juan José Fajardo, alias La Gata, e Isaac Aquiles Fuentes Alaniz. Y la Policía justificó que fue por medidas preventivas durante el 19 de julio. La doctora Vilma Núñez criticó esta arbitrariedad y una violación a la libertad individual, a la presunción de inocencia y a su derecho a la honra y reputación de toda persona.
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