A 22 días de la masacre de una familia perpetrada por agentes de la Policía Nacional en Las Jagüitas, miembros de una patrulla policial abrieron fuego contra dos motociclistas el pasado domingo. El hecho ocurrió en el barrio Nueva Jerusalén, en Ciudad Sandino. Las víctimas sobrevivieron al ataque policial. Pero la jefa de facto de la institución, primera comisionada Aminta Granera, volvió a pedir disculpas e intentó que el caso no fuera público, según la CPDH.
Ayer las familias de Yader José Vásquez Gutiérrez y Denis Ernesto Ruiz Báez, guardaron silencio. No obstante, LA PRENSA conoció la denuncia que hizo en la Policía Sorayda Collado, esposa de Vásquez Gutiérrez.
Aunque Granera buscaba impedir que el caso trascendiera a los medios de comunicación, el mismo ya era del conocimiento de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), institución a la que a través de una llamada telefónica los familiares habían solicitado acompañamiento.
No obstante, una vez que Granera convenció a los familiares trasladar a los heridos del Hospital Antonio Lenín Fonseca —a donde inicialmente habían sido trasladados— al Hospital Carlos Roberto Huembes (propiedad de la institución del orden público), la Policía tomó el control de la situación.
El abogado de la CPDH, Pablo Cuevas, quien dio seguimiento al caso, ya no pudo ingresar al Carlos Roberto Huembes. Sin embargo, observó lo que sucedió desde que Granera llegó al Lenín Fonseca, a eso de la 1:00 p.m. del domingo.
Cuevas relata que Granera le dijo a los padres de las dos víctimas “que va a cubrir todos los gastos, que no hagan público esto porque va a perjudicar a la Policía y ella les promete justicia, que el hombre ya está detenido”.
No obstante —relató Cuevas— “doña Sorayda llega como a las dos de la tarde, (e ) increpa fuertemente a la primera comisionada, (le dice) que no cree que se haga justicia y que va suceder lo mismo con los acribillados en Las Jagüitas. Sin embargo, la primera comisionada insiste en que sí se va a hacer justicia”. Y logra convencer a los familiares que acepten el traslado al Carlos Roberto Huembes. Ahí ya no dejaron entrar a Cuevas.
Ahora la familia “anda un poco retirada de nosotros”, comenta el defensor de derechos humanos.
Cuevas apuntó que pese a que Collado fue primero a la delegación policial de Ciudad Sandino a eso de las 6:00 a.m., las autoridades del lugar se resistían a aceptar la denuncia. Fue como tres horas después por una gestión de una pariente de Ruiz Báez (uno de los heridos) que trabaja para la Policía que aceptaron atenderla.
Posteriormente —dice Cuevas— los policías de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) que llegaron al Hospital Lenín Fonseca, cuando vieron su presencia en ese centro asistencial, optaron por trasladar a Collado a las instalaciones de El Chipote.
En El Chipote, Collado corroboró que el hombre que disparó contra su cónyuge y su amigo no estaba detenido como le habían dicho y reaccionó airada contra este. Ella lo identificó como Germán Reyes, jefe de detectives en el Distrito Tres. Según el comentario que conoció posteriormente Cuevas, el propio jefe de la DAJ, comisionado general Juan Ramón Gámez, “regañó al oficial por haberse dejado ver” por Collado .
BALEADOS ANDABAN EN UNA VIGILIA EVANGÉLICA
En el relato de Collado ante la Policía, ella indica que Vásquez Gutiérrez junto con su amigo Ruiz Báez regresaban de dejar a un amigo, luego que la noche del sábado habían asistido a una vigilia evangélica, cerca de la casa.
A las 5:10 a.m. del domingo, Collado escuchó el ruido de la motocicleta y salió al patio de la casa, que tiene acceso a una calle en el barrio. Ella observó el momento cuando uno de los agentes disparó en contra de las dos personas que se movilizaban en la motocicleta.
Collado refiere en la denuncia que ella corrió hacia los motorizados y es ahí cuando Ruiz Báez cae a sus pies y le pide ayuda. En ese momento el oficial realizaba otro disparo. Pero no impactó a ninguno de ellos. Sin embargo, tanto Vásquez como Ruiz estaban heridos. Lo que conoció Cuevas fue que la bala que penetró por la espalda a Ruiz también perforó a Vásquez.
La mujer relata en su denuncia que el vehículo de la patrulla policial estaba con las puertas abiertas y ambos oficiales “se estaban refugiando en las puertas delanteras”.
Ella escuchó cuando uno de los agentes le gritó que se apartara, pues “son delincuentes”, pero al decirles Collado que uno de ellos es su cónyuge, el Policía alegó que pedirían refuerzos, pero fue para escapar.
POLICÍA OTRA VEZ JUSTIFICA SUS ABUSOS
Una nota de prensa emitida ayer por la Policía indica que el domingo a eso de las 4:05 a.m. del domingo una patrulla del Distrito Tres de Policía “se encontraba en búsqueda de un prófugo, escucha varias detonaciones en dirección del mercado Israel Lewites, por lo que se dirige al lugar, observando pasar una motocicleta a alta velocidad”.
“La patrulla con sus señales lumínicas activadas da persecución a la moto hasta el barrio Nueva Jerusalén, realizando en el trayecto varios disparos con su arma de reglamento (pistola 9 milímetros)”, indica la nota policial que reconoce que a causa de los disparos resultaron lesionados Ruiz Báez, de 23 años y Vásquez Gutiérrez, de 27 .
La Policía asegura que un equipo técnico de investigación determinará las responsabilidades individuales de los implicados, para luego pasar el caso a la orden de las autoridades competentes. Al tiempo que informa que los lesionados están estables y fuera de peligro.
PIDEN DISCUTIR ACTUACIÓN DE PN
La diputada de la Bancada Alianza Partido Liberal Independiente (Bapli), Maria Eugenia Sequeira, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, envió a la junta directiva del poder legislativo una carta donde solicita se incluya en agenda de la próxima reunión el 5 de agosto, los hechos violentos en el mes de julio que involucran a la Policía Nacional.
La parlamentaria menciona en específico la disolución violenta de la protesta número 13 contra el sistema electoral del 8 de julio y la masacre en Las Jagüitas.
“Esta escalada de violencia generada por la Policía Nacional debe ser objeto de reflexión por parte de esta Junta Directiva de la Asamblea Nacional, ya que en ambos casos la Policía Nacional incurrió en flagrante violación a los derechos humanos de los ciudadanos que fueron agredidos”, dice Sequeira.
El diputado de la Bapli, Raúl Herrera, vicepresidente de la Comisión de Gobernación, dijo que en la próxima reunión de comisiones que se convoque propondrán la interpelación de Aminta Granera, jefa de facto de la Policía Nacional.
ILICH BUITRAGO
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