“Alto a la invasión de colonos y megaproyectos. Protejamos la Madre Tierra”, dice una manta colocada en un sitio visible en la comunidad de Francia Sirpi, del territorio Wangki Twin Tasba Raya, distante a 47 kilómetros de Waspam, donde ya han formado una comisión de autosaneamiento.
El juez de la comunidad de Francia Sirpi, Elvin Castro, advirtió que han dado un mes como plazo para que los colonos desalojen. “Si dentro de un mes no cumplen eso, pues, moriremos (por enfrentamientos)”, advirtió Castro de forma apocalíptica en lengua miskita.
Castro explica que esto tiene que ver con que una vez cumplido el plazo establecido irán donde está asentado cada colono y lo obligarán a salir, pese a que ellos están en desventaja porque no poseen armas al nivel de las que poseen los colonos. Ese es el autosaneamiento. Y la comisión que llevará a cargo esto está presidida por Ramos Astin.
Castro llamó al gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega a que si quieren hacer el saneamiento, que es la quinta etapa de la Ley 445, “que mande por la montaña a sus militares y que los desalojen (a los colonos), pero dentro de la comunidad no queremos a los militares”.
Señaló Castro que ellos por años han vivido en paz, ahora se inicia una guerra “más peligrosa” y los indígenas solo tienen sus manos, mientras “el Gobierno ha apoyado a los colonos con armas de fuego y les ha dado préstamos para que vengan a someter y a provocar problemas a nuestras comunidades”.
En Francia Sirpi, hay 400 familias, unas 2,400 personas, de las cuales unas 1,000 se han desplazado hasta Puerto Cabezas y otras 200 personas en Waspam.
Según un sondeo realizado por los comunitarios, en Francia Sirpi están asentadas 179 familias en grandes extensiones de tierra. “Si tienen plata, un colono puede poseer unas 500 hectáreas”, señaló uno de los indígenas.
“Con plata los colonos vienen a destruir los bosques que hemos cuidado tanto tiempo, destruyendo las cuencas de agua, fauna, flora”, sostuvo Castro, quien señala que no solo destruyen las tierras al utilizarlas como potreros, sino que les dañan sus cultivos de arroz al lanzarles insecticidas, lo que ha provocado pérdida de cosechas.
Los indígenas dicen que han recibido mensajes de los colonos “que están cerca, que nos van a atacar”.
LA PRENSA/JORGE TORRES
NIEGAN QUE POSEAN BUENAS ARMAS DE FUEGO
En un rápido encuentro en la comunidad de Francia Sirpi, Ramos Astin, quien estará a cargo de la comisión que ejecutará el autosaneamiento, sostuvo que los colonos les llegan a matar “y nosotros, mire, con eso ¿qué podemos hacer? ¿Cree que podemos solucionar con esas armas?”, pregunta al tiempo que señala los harpones, flechas, lanzas preparadas con machetes recortados, viejas escopetas con las que buscan defenderse, ante un eventual ataque de los colonos.
Los comunitarios insisten en que desean demostrar las armas con que cuentan porque sostienen que las imágenes televisivas y fotografías que han sido enviadas al Pacífico son parte de la estrategia que supuestamente han adoptado periodistas de medio oficialistas para desacreditarles, pues en las comunidades de ese territorio nunca han tenido armas de guerra en buen estado.
“Acusan que las comunidades les tiramos armas de calibre fuerte, pero eso no es verdad, eso es falso”, afirmó Elvin Castro, juez comunitario de Francia Sirpi.
En la vecina comunidad de Santa Clara, distante a seis kilómetros de Francia Sirpi, y parte de ese mismo territorio, es donde poseen una UZI y una BZ, que sostienen las recuperaron a inicios de septiembre a los colonos que les llegaron a atacar.
En lengua miskita el juez Castro expuso: “Teníamos paz, pero tenemos más de ocho años que el Gobierno nos causa guerra. No poseemos armas de guerra, sino espadas y flechas. Hacemos vigilancia porque los colonos llegan a atacarnos hasta nuestros pueblos y matarnos”.
“Nos atacan por todos lados y no nos dejan ir a recoger nuestros granos, nuestros bastimentos. Cada vez que nos movemos a las plantaciones, venimos pegados con balas”, refirió Castro como una forma de explicar lo que están sufriendo en esas comunidades. Aseguró que por más de ocho meses no van a ver los cultivos y por eso hay hambre.
SILENCIO DE LA PGR EN EL CONFLICTO
Desde que inició el conflicto entre indígenas y colonos en el Caribe Norte en 2008, varias veces las comisiones de las comunidades de la zona de Río Coco han pedido la intervención del Gobierno. La última delegación que vino a la capital desde Waspam, a 632 kilómetros de distancia, se reunió con el procurador general de la República, Hernán Estrada, el 24 de julio del 2014 en sus oficinas en Managua.
Estrada, quien preside la comisión del Gobierno para solucionar el conflicto, en su papel de abogado del Estado, recibió a los comunitarios y autoridades regionales y tras una reunión de tres horas, acordó formar una comisión de revisión de las demandas de los indígenas y la elaboración de un manual de saneamiento que agilizaría la solución de conflictos por los territorios.
Un año después el conflicto se agravó y el procurador Estrada no ha dicho una sola palabra sobre sus promesas de solución dadas a los indígenas en aquella reunión de julio de 2014. En las últimas dos semanas LA PRENSA solicitó formalmente una entrevista con el funcionario público, pero las gestiones no fueron atendidas y mucho menos respondidas.
