El vicepresidente de la República, general en retiro, Omar Halleslevens Acevedo, expresó este sábado a LA PRENSA que el conflicto entre indígenas y colonos en Waspam, por la posesión de tierras, debe resolverse “a través de las pláticas, a través del diálogo”.
Después del acto de recibimiento del escuadrón de entrenamiento de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón, en el Puerto Corinto, Chinandega, Halleslevens dijo que no conocía el tema a profundidad, pero reiteró que el conflicto se resuelva por la vía del diálogo.
“No voy a opinar Los amigos de las comunidades allá (en Waspam) tienen sus planteamientos, tienen sus razones. El Gobierno como ya conocen, ha venido titulando aquellas tierras que les pertenecen a las comunidades, y hoy por hoy está la situación con otros hermanos nicaragüenses que creo, lo que debe privar aquí es que se sienten a platicar; que vea cada quien cual es el planteamiento, y que se busque la solución a través del diálogo”, refirió el general en retiro.
Al consultársele sobre los cuestionamientos a la Policía Nacional y al Ejército de Nicaragua, de favorecer a los colonos, uno de los bandos en conflicto, Halleslevens dijo no creer que eso esté ocurriendo.
“En estos temas las dos instituciones no creo se les esté señalando de favorecer a algunos de los factores, más bien las instituciones deben de buscar que se sienten a platicar; los hermanos indígenas de allá tienen sus planteamientos y hay que escuchar a los colonos que también son hermanos nuestros”, dijo Halleslevens.
“Se dicen muchas cosas, se dice inclusive que hay nativos que han hecho títulos, pero bueno esos son comentarios y no me voy a meter en ellos”, sostuvo el vicepresidente de Nicaragua.
PROCURADURÍA NO RESUELVE CONFLICTO POR TIERRAS
Sin embargo, a pesar de lo que expresó Halleslevens sobre solucionar el conflicto por la vía del diálogo, desde que inició el problema entre indígenas y colonos en el Caribe Norte en 2008, varias veces las comisiones de las comunidades de la zona de Río Coco han pedido la intervención del Gobierno.
La última delegación que vino a la capital desde Waspam, a 632 kilómetros de distancia, se reunió con el procurador general de la República, Hernán Estrada, el 24 de julio del 2014 en sus oficinas en Managua.
Estrada, quien preside la comisión del Gobierno para solucionar el conflicto, en su papel de abogado del Estado, recibió a los comunitarios y autoridades regionales y tras una reunión de tres horas, acordó formar una comisión de revisión de las demandas de los indígenas y la elaboración de un manual de saneamiento que agilizaría la solución de conflictos por los territorios.
Un año después el conflicto se agravó y el procurador Estrada no ha dicho una sola palabra sobre sus promesas de solución dadas a los indígenas en aquella reunión de julio de 2014.
En las últimas dos semanas LA PRENSA solicitó formalmente una entrevista con el funcionario público, pero las gestiones no fueron atendidas.
INDÍGENAS SOSPECHAN QUE HAY OTROS INTERESES
Por su parte, los indígenas miskitos estiman que el trasfondo de este conflicto es por los recursos naturales que poseen las comunidades de Waspam y que dichas tierras puedan albergar a los desplazados de las zonas por donde supuestamente pasará el Canal Interoceánico concedido por el gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega, al empresario chino Wang Jing.
A criterio del juez de la comunidad Francia Sirpir, Elvin Castro, “el Gobierno ha apoyado a los colonos con armas de fuego, armas pesadas, para que lleguen a someter y provocar problemas”.
Mientras el líder comunitario Ramos Santis dijo que “hay sospechas que en estas tierras hay uranio, hay plata”.
“Más adelante piensan trasladar a todos los que desalojen de la superficie del Canal Interoceánico para ese sector (comunidades de Waspam), por eso hasta este momento, el Estado apoya a los colonos para que entren más”, sostuvo Santis.
“Por eso el Gobierno no quiere hacer nada, no quiere meter la mano, no quiere apoyarnos para desalojar o hacer la etapa de saneamiento”, indicó Santis.
Los comunitarios saben de las riquezas de sus tierras pero no han aceptado que extranjeros lleguen a realizar exploraciones como supuestamente pretendió en fechas anteriores una minera extranjera.
Líderes como Santis no descartan que el trasfondo de esto también sea la explotación de sus tierras porque “supuestamente tenemos oro, uranio, carbón, no solo el bosque”. Otro comunitario mencionó que conocen que en esas tierras cuentan con zinc y plata, que han llamado la atención.
2,500 familias del Pacífico serán trasladadas a ese sector (Waspam), “porque es el único sector que tiene tierras, para trabajar en la producción”, afirma Ramón Santis, líder comunitario.
QUE “LOS ECHEN PRESO”
“Los que han vendido la tierra, nosotros también demandamos que los capturen y los echen presos, aunque sean indígenas, porque la tierra no se puede vender”, sostuvo la representante legal de Yatama y diputada, Elízabeth Enríquez, en clara alusión a las palabras del presidente inconstitucional, Daniel Ortega, quien durante el 36 aniversario de la Policía Nacional se refirió al tema. Ortega dijo el pasado 9 de septiembre que el Gobierno tituló más de 35,000 kilómetros cuadrados, pero algunos comunitarios “cayeron en la especulación, ¡y les llegó el veneno!”
SOBRE POSIBLE TRASFONDO
La representante legal de Yatama y diputada, Elízabeth Enríquez, apoya la hipótesis de que el trasfondo de las invasiones de colonos en Waspam es para luego trasladar a los desplazados del proyecto del Canal Interoceánico del empresario chino Wang Jing.
Ella destaca que, por ejemplo, los indígenas no están armados como ha trascendido en los medios de comunicación nacionales, “pero los colonos sí tienen armas de fuego, armas de guerra. ¿Quién les está facilitando (armas)?”, preguntó Enríquez. Y aunque sostiene que deben investigar, más considera “que hay claras evidencias de quién le está dando todo ese tipo de armas a los colonos”.
Agrega que por este conflicto de tierras ya hay muertos y las denuncias de los pueblos indígenas han trascendido el Gobierno, que únicamente dice que fortalecerá el sector (indígena), pero el presidente inconstitucional Daniel Ortega no resuelve el problema de propiedad conforme a las leyes.
