El Consejo Supremo Electoral (CSE), además de administrar con discrecionalidad un presupuesto paralelo por el cobro de las cédulas, recibirá ahora 13 millones de córdobas más por orientación del Gobierno en el Presupuesto General de la República 2015.
En la reforma presupuestaria enviada a la Asamblea Nacional, el ejecutivo explica que con estos nuevos fondos el tribunal electoral pagará “los impuestos por importación de material de cedulación”.
Pero la explicación oficial no convenció a políticos y economistas consultados por LA PRENSA, porque recordaron que legalmente es una entidad exonerada de pagar todo tributo.
Bajo ese argumento, el diputado opositor Eliseo Núñez y los economistas Alejandro Aráuz y Adelmo Sandino, este último del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), concuerdan que “es anómala” e “incongruente” la asignación.
Núñez indicó además que “la Ley de Concertación Tributaria es clara que ningún ente del Estado paga impuestos y el Consejo Supremo Electoral es del Estado y por tanto exonerado y aún más por Ley también están exonerados todos los materiales para la elaboración de cédulas, así que tampoco se paga impuestos por eso. Aquí nuevamente hay oscuridad sobre qué uso real le quieren dar a esos 13 millones de córdobas”, denunció el legislador.
El ministro de Hacienda, Iván Acosta, llegó el jueves pasado a la Comisión Económica para explicar la reforma presupuestaria general, pero según Núñez, “no aclaró por qué el CSE es el único ente estatal que se opone a transparentar sus rentas con destino específico”.
Esa categoría es donde los ministerios y entes estatales reflejan los ingresos que perciben por cobros de un servicio o documento a los ciudadanos, tal como ocurre con las cédulas. El poder electoral cobra 300 córdobas por las cédulas con el nuevo formato y 120 córdobas por certificados de nacimiento.
5 MILLONES DE DÓLARES
Pero el CSE no incorpora a una cuenta única del Estado cuánto recauda por el cobro de las cédulas a los ciudadanos, lo que en cálculos de la oposición equivalía a 4.6 millones de dólares durante 2014, de acuerdo con las proyecciones realizadas por la misma institución electoral.
Núñez coincide en que “son alrededor de cinco millones de dólares, poco más de 130 millones de córdobas que no pasan por la caja única de la Tesorería de la República. Y encima Hacienda les da más dinero para cédulas”.
DEBEN RENDIR CUENTAS
Adelmo Sandino, investigador de Gobernanza del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), hizo votos también para que exista transparencia del ente electoral.
“Si la gente va a pagar al banco o en los mismos centros de cedulación y reciben un recibo por el trámite de la cédula, todos esos recursos deben ir a las cuentas del Tesoro, pero si no es así, es un proceso anómalo”, agregó Sandino.
El economista explica que es importante que el tribunal aclare además a la ciudadanía qué tipo de material está solicitando importar para elaborar las cédulas.
“Pero por principio sabemos que el Estado está exonerado de impuestos en la importación de bienes, entonces no tiene sentido que se le transfiera al CSE 13 millones de córdobas para ese fin, el de pagar impuestos”, dijo el especialista Sandino.
OSCURA GESTIÓN
En el Presupuesto de 2015 aprobado se le asignó 305.9 millones de córdobas al Consejo Supremo Electoral (CSE).
En el informe de ejecución del primer semestre de este año del Ministerio de Hacienda no se detalla qué cantidad de ese dinero usó el CSE para entregar cédulas de identidad y tampoco permite conocerse, porque en el portal electrónico de Hacienda, que refiere al Presupuesto estatal, el único que no incorpora es el del Consejo Supremo.
“Lo que es evidente es que se viene aumentando más presupuesto para cedulación y a la par el Consejo Supremo recauda más por el cobro de las cédulas, pero no se conoce el uso de los recursos”, dice el economista Alejandro Aráuz.
Su posición es que desde la Contraloría General de la República hasta la Asamblea Nacional deben “exigir a los magistrados electorales rendir esas cuentas, porque están obligados a darlas”.
