Una vez más los operadores de justicia violentaron las leyes del país al procesar en Managua a los sospechosos de los disturbios, que por separado ocurrieron en la semana que finaliza, en la Mina El Limón y en Chichigalpa.
La Fiscalía acusó ayer en los Juzgados de Managua a diez personas por al menos nueve delitos por los sucesos de la Mina El Limón, y a otras 15 por cinco delitos por los incidentes de Chichigalpa.
El abogado y docente en derechos humanos, Ramón Eugenio Rodríguez, recordó que de acuerdo con la Constitución Política de Nicaragua y el Código Procesal Penal (CPP) son las autoridades donde fueron cometidos los hechos quienes deben conocer estas acusaciones. Al cambiar la jurisdicción “se estarían desatendiendo disposiciones o garantías mínimas de la tutela judicial efectiva”, señaló Rodríguez.
El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, coincide con Rodríguez.
“En ambos casos es una arbitrariedad”, dijo Carrión, quien señaló: “Nos están imponiendo un abuso, un exceso de los operadores de justicia”. Recordó Carrión que existen antecedentes de este procedimiento.
“Nadie puede ser sustraído de su juez competente ni llevado a jurisdicción de excepción”, dice en parte el inciso 2, del artículo 34 de la Constitución Política de la República. Y lo reafirma parte del artículo 11, del Código Procesal Penal (CPP) que señala: “En consecuencia, nadie puede ser sustraído de su juez competente establecido por ley ni llevado a jurisdicción de excepción. Se prohíben los tribunales especiales”.
Por el caso de la Mina El Limón, la Fiscalía acusó a Ramón Antonio Useda Olivares, Humberto Rivas Canales, Henry Facundo Gómez Quintanilla y César Santos Pulido Centeno.
También acusó a Luis Adolfo Martínez Betanco, William Alejandro Valdivia Cáceres, Wilmer Fco. Miranda Baca, Leslie Federico Olivas Arrieta, Marlon Isidro Vilchez y Glenda Carolina Rivera.
Los cuatro primeros están detenidos y en el caso de los otros seis, la Fiscalía solicitó orden de captura para ellos.
Entre los delitos que les imputan están: crimen organizado, homicidio, amenazas, daños agravados y abuso sexual, entre otros. Aunque la audiencia preliminar estaba programada para ayer por la tarde, posteriormente fue suspendida. En el caso de Chichigalpa no se conocieron nombres de los acusados.
Eva Pulido, hija del acusado César Pulido también reclamó que a sus parientes los hayan trasladado a Managua. “¿Qué están haciendo en El Chipote?”, reclamó la joven, quien criticó que antes de la acusación nadie les decía adonde habían sido llevados los presos, pues primero les aseguraban que fueron conducidos a Chichigalpa, luego a León y posterior a Managua.
Ella y Yein Useda, hija de Ramón Useda, criticaron que el partido en el Gobierno les haya dado la espalda a los detenidos y a toda la población sin respaldo cuando sus padres son militantes sandinistas.
Instaron al presidente Daniel Ortega a que “se pronuncie porque sabe que la Mina El Limón ha sido sandinista. ¿Por qué está fallándonos ahora? Le ha dado la espalda a mi padre”, refirió la hija de Ramón Useda.
A su vez, ambas jóvenes rechazan que a los acusados les atribuyan la muerte del policía Kevin Valle, pues alegan que la población no fue la responsable, igual que les imputen el delito de abuso sexual.
LAMENTA CONFLICTOS
E l obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez lamentó que muchas veces en Nicaragua las diferentes problemáticas sociales, lleguen a alcanzar límites de confrontación violenta, de intransigencia y de descalificación recíprocas, y lo más trágico, a la muerte de personas.
El religioso lamentó la muerte de un agente policial. “Creo que el interés de una transnacional, el interés de ganancias económicas o empresarial, nunca deben de prevalecer sobre el interés de la clase trabajadora, de la gente más pobre. Independientemente de que sea legal lo que la empresa ha hecho de despedir a estos obreros, puede ser muy legal, pero siendo aún legal, hay un camino que va más allá, y es el camino de la misericordia y la sensibilidad social”, subrayó.
DEBEN DIALOGAR
El obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, recomendó el diálogo, para buscar caminos de solución justos en el conflicto en la Mina El Limón y manifestó que la iglesia católica estaría dispuesta a intervenir si hubiera necesidad de ello. La empresa tiene sus razones, pero los mineros tienen la suyas, indicó el religioso, quien refirió que la solución no es a través de destruir propiedades privadas, mucho menos con violencia que cobre vidas humanas. Y anunció que la iglesia ha estado orando para que este conflicto no se extienda a todo el país.
