Recientemente el régimen de Daniel Ortega presentó el “Libro Blanco” sobre la incidencia de elementos delincuenciales en Nicaragua, si bien es cierto esto es un medio por el cual los gobiernos analizan e informan sobre situaciones, en este caso el informe está orientado principalmente a la comunidad internacional. Sin embargo, lejos de informar el régimen pretende ocultar debajo de la alfombra violaciones graves a Derechos Humanos de conformidad al Derecho Internacional.
Este informe queda perfectamente descrito con la frase “Hay que ser marranos, pero no trompudos”, pecan de ingenuos si creen que puede ocultar la verdad. Por el contrario, el informe refleja contradicciones profundas, la primera de ellas es ¿por qué si somos el país más seguro y la incidencia delictiva se ha reducido a la mitad en la última década, es necesario involucrar al Ejército en labores de seguridad? En países como México, Colombia, El Salvador y Honduras se explica la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad justamente porque las fuerzas de seguridad pública han sido sobrepasadas.
Si se admite que efectivamente la incidencia delictiva se redujo a la mitad, es falaz decir que la Policía duplicó su efectividad porque aunque en términos porcentuales esta dependencia remita el doble de casos, respecto del universo continúa enviando lo mismo. La baja en incidencia delictiva también se debe a la falta de denuncia. ¿Cuántos no hemos sido víctimas de delitos y no denunciamos por la certeza que la Policía no hará nada? Esta variable es obviada en el informe.
Por su parte, el Ministerio Público, por increíble que parezca, no refiere como una misión institucional el acceso a la justicia y como si fuera poco la eficacia institucional tiene una relación entre denuncias recibidas por la Policía y sentencias condenatorias del Poder Judicial. Esto lo que en realidad refleja es la pérdida de la autonomía del Ministerio Público, al quedar a merced de la Policía para el ejercicio de la acción penal.
Cuando el informe se refiere a la comisión de delitos de alta peligrosidad, los centra geográficamente donde existió conflicto armado. Refiere varios nombres, seudónimos y hechos delictivos, además los señala como responsables de violación al derecho a la vida. El problema con ello es que no presenta detalles de investigaciones sobre esos delitos y más grave aún es que estos han sido abatidos por el Ejército, lo cual se convierte en prácticamente una confesión de ejecución extrajudicial por parte del Estado.
Si como miembro de una instancia internacional de Derechos Humanos, leo en un informe de gobierno que un grupo de personas viola el derecho a la vida, entiendo que el Estado hace un reconocimiento de beligerancia a este grupo con motivaciones políticas, porque de lo contrario no se les puede imputar violación al derecho a la vida, ya que la delincuencia no viola Derechos Humanos, sino comete delitos que el Estado debe investigar y sancionar.
Si a la falta de documentación de los presuntos actos delictivos de estos grupos le sumamos que el régimen manifestó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que los menores ejecutados en La Cruz de Río Grande eran delincuentes y hasta tenían seudónimos, en nuestro país estamos en presencia de falsos positivos. La expresión es una analogía que se hace del diagnóstico médico, y como violación grave a Derechos Humanos significa que, tras la comisión de una ejecución extrajudicial, las autoridades hacen pasar a las víctimas como guerrilleros o delincuentes para justificar o explicar la muerte. Para los nicaragüenses, el verdadero mensaje que refleja el “Libro Blanco” es que el régimen no tendrá reparo en cometer violaciones graves a Derechos Humanos si es necesario para lograr sus objetivos, lo peor del régimen puede estar por verse.
El autor es maestro en Derechos Humanos.