Por el documento que circula bajo el título de propuesta de paz y reconciliación, Ortega no trata de promover una amnistía. Por miopía política, se cree más fuerte que antes, y piensa que no necesita una amnistía. Simplemente, ha regresado triunfalmente al pasado. De modo que, en ese documento enrevesado, repetitivo, elaborado como ordenanza policíaca, concibe la reconciliación como un control estatal sobre la población para impedir, preventivamente, cualquier intento futuro de rebelión.
Pretende desarrollar un método anticonceptivo del descontento, visto como manifestación de violencia. Así que promueve, como política del Estado, la pasividad (o “prevención del desencuentro”), como si fuese el ideal de la cultura de paz y del desarrollo humano. La paz social no obedece a un enfoque cultural o, más acorde con nuestra realidad dictatorial, no obedece a un populismo demagógico, sino que es resultado de relaciones sociales que, de manera concreta, determinan las condiciones objetivas de existencia y de trabajo de la población. La desigualdad de derechos reales, la miseria, el desempleo, la corrupción con los recursos del Estado, la represión, el control policíaco sobre la vida de los ciudadanos, no conducen a la paz. En circunstancias extremas, la represión engendra una crisis de gobernabilidad, que demanda cambios radicales urgentes. Los conflictos políticos y sociales no tienen solución armónica cuando un sector privilegiado y represivo se opone violentamente a los cambios necesarios. Carente de ideología, el orteguismo desarrolla en el documento un dominio chabacano del pensamiento, una especie de lobotomía desde la más tierna infancia, que impediría, como política de Estado, que en el seno de la familia o en las escuelas y universidades, o en los medios de información, ocurra un proceso analítico sobre la realidad, que demande lógicamente un cambio.
Las diferencias no conducen a la unidad, cuando son cualitativamente excluyentes. La corrupción no conduce a la unidad, el absolutismo tampoco, la sustracción de derechos ciudadanos, el crimen, no pueden unir a la sociedad, sino que conducen a la polarización en torno a la opresión, por un lado, y a la demanda de libertad, por el otro. La paz no se logra cultivando valores y comportamientos, como dice el documento orteguista, sino con libertad y con la conquista de derechos que impidan la sustracción indebida —en provecho personal de la dictadura— de los recursos de la nación. El desarrollo de la sociedad no se centra en el individuo, sino en la productividad, en el valor agregado, en la innovación, y en parámetros de igualdad. Un Estado deformado por el control enfermizo de una familia no puede promover una política de paz, sino que intenta instaurar, como reconciliación, un sistema de vigilancia y control sobre la familia, la vida comunitaria, las escuelas, los medios de comunicación.
El autor es ingeniero eléctrico.