Debe ponerse límites al chantaje de Ortega. El asesinato del preso político Eddy Montes es, en sus últimas causas, resultado del chantaje a que Ortega ha tenido sometida a Nicaragua. En este caso específico, Ortega ha tratado a los presos políticos y sus condiciones carcelarias —es decir, ¡a los propios derechos humanos!— como carta de negociación, en el proceso de diálogo con la Alianza Cívica (ACJD), que está representando a la comunidad nacional e internacional en la búsqueda de una solución pacífica a la crisis.
El chantaje de Ortega a Nicaragua no es nuevo. “Gobernar desde abajo” fue parte de ese chantaje. Mantener programas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), políticas económicas ortodoxas y alianzas con el sector privado para impulsar un crecimiento económico autoritario, sacrificando la incipiente democracia nicaragüense, también formó parte del chantaje, como la política migratoria y la seguridad antinarcóticos, que ya existía, en su relación con los Estados Unidos. Como ha sido el control mafioso de la Unión Nacional de Estudiantes (UNEN) a cambio de becas y matrículas, los programas sociales con obligación de afiliarse al partido de gobierno, las cuotas de exportación a Venezuela, las sentencias judiciales para dirimir problemas legales, la asignación de contratos gubernamentales y la obligación de rotondear a los empleados públicos, en fin, gobernar para Ortega ha sido equivalente a chantajear. Hasta que todos los chantajes y abusos estallaron en abril de 2018, y no vaciló en reprimir sangrientamente, imponiendo el chantaje del terror, porque a esa situación nos tiene sometidos a los nicaragüenses, al chantaje del terror.
En uno de sus recientes artículos el periodista Carlos Fernando Chamorro hizo una reflexión pertinente para concluir el chantaje de Ortega a Nicaragua. Se preguntó, frente a la posición de Ortega en las negociaciones con la Alianza Cívica (ACJD) en que ha puesto trabas a la solución de la crisis, qué se podía hacer para cambiar esa correlación en que por un lado está el control con base en el terror, y por el otro la aspiración democrática de los nicaragüenses. Desde la perspectiva de esa pregunta, inició una necesaria discusión sobre el papel de los grandes empresarios, el ejército y el propio FSLN. Todos pueden y deben contribuir, en función de sus propios intereses, a terminar el actual empate en la crisis.
No hay ninguna posibilidad que el actual empate en la crisis se resuelva a favor del proyecto de dictadura dinástica de Ortega. El asesinato y los heridos del jueves 16 de mayo en las cárceles revelan, una vez más, los límites de terror de la política de chantaje, y la total inviabilidad de esa dinastía.
El autor fue candidato a la Presidencia de Nicaragua.