Nadie duda de la importancia de visualizar las acciones necesarias para garantizar la justicia en Nicaragua una vez que sea depuesto el régimen Ortega-Murillo, pero el hecho que se aferre al poder, vuelve impredecible su caída y como tal, no es posible vislumbrar variables que puedan presentarse llegado ese momento. Dicho esto, ¿cuál debe ser la prioridad del Estado en materia de Derechos Humanos ante la caída del régimen Ortega-Murillo?
La Nicaragua de hoy no es la misma del 2018, o la que habrá el día que salga el régimen. Proponer a priori una nueva Constitución desviará el debate público de las medidas de reparación de las víctimas del régimen e improvisaría una participación inclusiva y representativa, sería más un acuerdo entre una clase política organizada para deponer al régimen, que una expresión auténtica de un pluralismo político asentado en un contexto poscrisis. Además, la idea de un ajuste constitucional para implementar medidas de Justicia Transicional es no comprender el concepto mismo de esta, el alcance de los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos que tiene Nicaragua y sobre todo la interacción que existe entre nuestra legislación y el Derecho Internacional de Derechos Humanos.
Una situación similar ocurre con la abolición de la Policía, enviar de tajo a 20 mil personas al desempleo con entrenamiento en manejo de armas sin un cuerpo de seguridad articulado, no solo es caldo de cultivo para una oleada de conflictividad social y una situación generalizada de inseguridad, sino que también nos priva de elementos inmensamente valiosos para la construcción de la verdad histórica respecto de la política represiva del régimen.
El derecho a la verdad, además de ser un interés particular de la víctima como condición para demandar justicia, abarca una dimensión colectiva que permite conocer las circunstancias de los hechos victimizantes. Por ello, la adopción de medidas a ciegas puede resultar contraproducente para el acceso a la justicia de la víctima y el descubrimiento de la verdad histórica.
Por lo anterior, es muy importante que la primera acción de un gobierno de transición democrática, sea la instauración de un mecanismo encaminado a la documentación de los hechos ocurridos, permitiendo: identificar el universo de víctimas; los principales hechos victimizantes; y el nivel de participación de autoridades.
Solo así se puede implementar una estrategia integral de Justicia Transicional e identificar los ajustes normativos necesarios, lo contrario podría derivar en una suerte de prueba y error costosa en términos de oportunidad para documentar la verdad. Garantizar la justicia en una transición democrática es una labor titánica, pero al igual que comerse una enorme sandía, debe hacerse un mordisco a la vez.
El autor es maestro en Derechos Humanos