Hoy en día existen 125 reos políticos en las cárceles de Nicaragua y muchos de ellos aparte de su traje azul de privados de libertad, tienen en común que no han sido procesados por delitos políticos, sino por delitos comunes que esconden su intencionalidad política con el fin de obviar el radar internacional.
El caso más reciente es el del abogado Manuel Urbina Lara, culpado por homicidio imprudente por andar de buen samaritano y haberle dado raid el pasado 24 de enero al campesino jinotegano José Antonio Rizo, de 29 años, con tan mala suerte que tuvo un accidente en el que este último perdió la vida.
La familia de Rizo quiere una mediación con Urbina Lara, la que no ha sido permitida por las autoridades judiciales y la Fiscalía que lo encausaron y le armaron un juicio condenatorio express por “homicidio imprudente”. El caso ha llamado la atención pública nacional e internacional por ser el acusado un abogado defensor de muchos reos políticos encarcelados por el régimen y ahora a él le ha tocado el turno de la injusticia.
Según el editorial de LA PRENSA del pasado viernes publicado bajo el título “Urbina Lara es un preso de conciencia” en que analiza la sentencia condenatoria de la juez de Jinotega Diana Jarquín Valle por “homicidio imprudente”, este no es el caso porque “el homicidio imprudente se comete, por ejemplo, cuando conduciendo alguien un vehículo a motor incurre en una acción u omisión voluntaria no maliciosa, o actúa con imprudencia en condiciones en las que el riesgo era previsible y evitable. Y el caso de Urbina Lara no fue eso, sino un accidente de tránsito imprevisible e inevitable”.
En encontraste, y como una prueba irrefutable de que la justicia en Nicaragua está totalmente parcializada, LA PRENSA destaca el caso del pistolero de Estelí, Abner Pineda, quien a pesar de haber matado a sangre fría a Jorge Rugama Rizo, de 42 años, por solo el hecho de haber gritado “viva Nicaragua libre” el pasado el 19 de julio, el juez de Estelí Erick Laguna recientemente le concedió la libertad y el fiscal orteguista se mostró conforme con el fallo del juez y no apeló la sentencia en primera instancia.
Inicialmente tras del accidente, la juez que ahora lo condena había permitido a Urbina Lara llegar a un acuerdo de mediación con la familia del fallecido, el que las partes alcanzaron rápidamente. En consecuencia, ordenó su libertad 48 horas después de haber sido detenido, pero luego inexplicablemente revocó su resolución y siguió el proceso judicial con el claro objetivo de condenar al abogado.
Otro caso digno de mención es el del joven Sergio Beteta, quien el pasado 21 de diciembre fue detenido en la Avenida Universitaria por protestar con la Bandera de Nicaragua y quemar la del FSLN, pero fue acusado y condenado por “tráfico de estupefacientes y tenencia ilegal de armas”.
Para el abogado defensor que lleva el caso, Julio Montenegro, es un caso de un reo político acusado por una fabricación de delitos comunes cuando todo mundo vio en las redes sociales que el muchacho fue detenido porque protestaba con una Bandera de Nicaragua y quemó la del FSLN.
Otro caso notorio es el del reo político Carlos Bonilla, quien estaba a punto de cumplir condena de un año por “tenencia ilegal de armas” y salir en libertad, cuando el día antes le montaron otra acusación por “tenencia ilegal de drogas” en el presidio, a pesar de estar en una prisión de máxima seguridad.
Así marcha la justicia en Nicaragua en un año electoral, castigando a los opositores por medio de la fabricación de delitos que no han cometido, con el fin de obviar las verdaderas razones del castigo injustificado al que son sometidos.
El autor es periodista, exministro y exdiputado