Por contradictorio que parezca, el régimen Ortega-Murillo no detenta el poder, sino es rehén del mismo, debido a que las demandas de justicia por los crímenes perpetrados serán incontenibles si se restablece la democracia. Pero la estrategia de postergar lo inevitable jugará finalmente en contra del régimen y no a su favor.
Un ejemplo de ello es la historia sobre la indolencia de María Antonieta durante las revueltas de la Revolución Francesa. El mito en realidad surge por la publicación póstuma (1782) del libro Confesiones de Jean-Jacques Rousseau y un pasaje que hace referencia a su antojo de pan para acompañar un vino, relato donde rememora a una princesa a quien le plantean la inconformidad del campesinado por la falta de pan y ella replica que les den pastel. El problema es que María Antonieta no pudo haber inspirado el pasaje, toda vez que el libro fue escrito entre 1765 y 1767, años antes de su llegada a París.
Postergar la salida del régimen, además de ser una postura deshonrosa y cobarde, propicia la comisión de nuevos crímenes y polariza cada vez más el contexto político. De seguir así, no solo habrá un caos en la alternancia que difícilmente no podrá preservar un marco de legalidad, sino que también las personas moderadas, devotas de la democracia y la justicia, no tendrán cabida ante los liderazgos radicales con interés en construir su propia verdad. El régimen cruzó el punto de no retorno a la posibilidad de un aterrizaje suave por los hechos de abril del 2018.
Tras el asesinato de Yajob, publiqué en febrero de 2011 en El Nuevo Diario un artículo referido a la importancia para Nicaragua de suscribir el Estatuto de Roma como una medida preventiva ante la tendencia persecutoria del régimen a opositores, porque esa acción tenía el riesgo de derivar en la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, tal como ocurrió.
La cohabitación es imposible porque el totalitarismo del régimen no solo eliminó el pluralismo político, sino que también ha criminalizado a las organizaciones de sociedad civil, último reducto organizacional del país. Si al régimen le preocupa el caos, deberían dar paso a la democratización mediante un proceso electoral auténtico y desde ya, procurar integrar la CSJ, CSE, CGR y PPDDH con personas decentes, honestas y justas, para que llegado el momento de la rendición de cuentas, estas voces justas brinden certeza en su actuación y aplaquen las demandas de masas iracundas. Visto en retrospectiva, hasta Muamar el Gadafi estaría de acuerdo, lo contrario implicaría que incluso los responsabilicen también por los asesinatos de Pedro Joaquín Chamorro, Carlos Fonseca o el Kupia Kumi.
El autor es maestro en Derechos Humanos