Realmente debo admitir, que tal como están las cosas en Nicaragua, no puede haber un proceso electoral libre. Están conculcadas de hecho las libertades más esenciales que implica una justa electoral: la libertad de movilización en el territorio nacional y la libertad de organización ciudadana con fines cívicos.
El pasado sábado 20 de marzo, un grupo de 37 dirigentes campesinos que viajaban de Rivas a Managua para sostener una reunión con su líder Medardo Mairena, fueron detenidos por la policía política en el retén de Ochomogo y el bus en que viajaban fue escoltado de regreso a Rivas, luego que les tomaran fotos a ellos y a todos sus documentos personales.
El domingo 21 de marzo, el presidente departamental del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) de Nueva Segovia, Luis Emilio Bustamante, fue retenido por la policía política del régimen en el cruce de Mozonte cuando viajaba de Ocotal al municipio de San Fernando a sostener una reunión organizativa del partido con miras a la defensa del voto en las próximas elecciones del 7 de noviembre.
Bustamante fue fichado, todos sus documentos personales y legales, incluyendo las actas del partido, carnet, copias de cédula, fichas de afiliación, fueron fotografiados minuciosamente como si se tratase de una actividad delictiva y después de tal humillación, el dirigente opositor fue obligado a regresar a Ocotal.
“No hubo forma de hacerles desistir del asedio y me obligaron a regresar. Denuncio esta violación a mis derechos ciudadanos y exijo el cese del acoso y la falta de libertades ciudadanas. Si esto no cambia, pongámonos en rebeldía y que no hayan elecciones, si no hay condiciones de movilización”, declaró Bustamante.
El miércoles 17 de marzo cuando el presidente del partido CxL de Carazo, Rommel Román, se disponía a abrir la casa departamental del partido para sostener una reunión con las directivas municipales de ese departamento, la encontró sitiada por fuerzas de la policía política del régimen y fue impedido por el jefe de la patrulla de abrir la casa departamental.
El argumento del capitán de la Policía a cargo del atropello fue que carecían de “permiso” para reunirse y que debían presentar una notificación por escrito ante las autoridades policiales, a pesar de ser una reunión bajo techo y de que el señor Rommel Román, al ser presidente departamental del partido, es el representante legal en dicho departamento.
El domingo 14 de marzo, el presidente departamental de Granada del partido CxL, César Useda y los dirigentes Carlos Velázquez y Marcos Benavides, se dirigieron a Diriá para realizar una reunión partidaria con los directivos municipales, pero antes de iniciar la reunión en la casa del presidente municipal, Silvio Canales Román, fueron rodeados por 14 antimotines en dos patrullas policiales y dos en motocicletas. Luego conminados a clausurar la reunión y regresar a Granada bajo amenaza de arresto al señor Carlos Velázquez.
El 10 de marzo una delegación presidida por el segundo vicepresidente del partido CxL, Boanerges Matus Lazo, viajó al municipio de Nueva Guinea para reunirse con directivos departamentales y municipales, pero en las inmediaciones de San Pedro de Lóvago fueron retenidos en un retén policial. Sus documentos personales requisados por más de una hora, hasta que los regresaron escoltados por dos patrullas de la Dirección de Operaciones Especiales del régimen hasta el puente de Las Banderas. Allí devolvieron sus documentos, advirtiéndoles que tenían prohibido regresar a la zona.
Estos son algunos casos concretos recientes, bien documentados de acoso y abuso policial a las autoridades de un partido que lucha por prepararse para estar listo ante el proceso electoral que se avecina, el cual no podrá tener lugar en las actuales circunstancias de conculcación de hecho de las libertades ciudadanas elementales.
El autor es periodista, exministro y exdiputado.