Leí recientemente un artículo de opinión de Cinthia Samantha Padilla Jirón publicado en LA PRENSA sobre la posibilidad de llevar a Corte Internacional al régimen Ortega-Murillo por los crímenes de lesa humanidad (CLH) y me ha impactado gratamente. Querida Cinthia, a pesar de tu corta edad y no ser abogada, tienes más claridad que muchos abogados que sin empacho hablan del tema y que otra “experta” y eterna aspirante a la CSJ (ahora desde la oposición).
Si puedo ser más franco, creo que eres ese tipo de estudiantes que da gusto tener en un salón. Sin perjuicio de ello, me parece importante hacer algunas precisiones jurídicas y políticas a tu interesante artículo. Lo primero es que los CLH, además de las conductas que describes, requieren el llamado elemento de contexto, es decir, la tortura es un CLH en la medida que se acredite que hay una política de Estado orientada a torturar a un grupo específico. En igual sentido, lo ocurrido en Nicaragua son graves violaciones a derechos humanos porque quebranta lo establecido en el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, es decir, el núcleo duro de los derechos humanos que debe ser respetado en todo momento y circunstancia (norma de ius cogens internacional).
Por otra parte, lo que puede hacer el Consejo de Seguridad de la ONU es derivar el caso a la Corte Penal Internacional de conformidad al propio Estatuto de Roma, el problema es superar el veto de Rusia, quien es miembro permanente. En cuanto a la jurisdicción universal, en realidad no se necesita autorización de la Asamblea General de la ONU, no se necesitó en el caso de Adolf Eichmann, Augusto Pinochet o los procesos españoles referidos a Guatemala y El Salvador. Pero es acá donde quiero empatar con tu propuesta sobre Costa Rica.
Personalmente planteé ante autoridades costarricenses la regulación del Principio de Jurisdicción Universal como salvaguarda para procesar al régimen, ya que las credenciales en derechos humanos del vecino país son inmejorables. Pero el gobierno de Carlos Alvarado tiene bajos niveles de aprobación y su preocupación (dicho por ellos mismos) es bilateralizar la crisis sociopolítica de Nicaragua.
Lo traigo a comentario, por la propuesta de Cinthia de que Costa Rica como Estado parte del Estatuto de Roma y país afectado presente el caso ante la Corte Penal Internacional. El segundo obstáculo con esta propuesta es la escala de todos los precedentes de este tribunal, si Costa Rica se aventurara, el resultado no sería distinto de casos como el de México, Honduras y Venezuela, que son realidades sin duda más próximas a la nuestra. Finalmente, querida Cinthia, que la dureza de mis palabras no te desanimen, en verdad creo eres muy buena y puedes llegar a aportar mucho en el establecimiento de una ruta de la justicia para Nicaragua.
El autor es maestro en Derechos Humanos.