La función de juzgar según nuestra Constitución la ejerce el poder judicial mediante las facultades jurisdiccionales de juzgar y ejecutar lo juzgado, teniendo en consideración que la justicia emana del pueblo y será impartida en su nombre y delegación por el poder judicial, integrado por los tribunales de justicia que establezca la Ley, según los artículos 158 y siguientes de la Carta Magna.
Esto es lo legal. O sea lo que mandata nuestro máximo texto legal, pero nuestro sistema de justicia ha degenerado en una delegación de los mandatos emanados de El Carmen, saltándose el principio de legalidad, es decir la justicia emanada del soberano es un cascarón vacío sometido a los caprichos de los dictadores.
Y lo más grave aún es que las personas que ejercen la función judicial han perdido su cometido al convertirse en lacayos de la dictadura, dictando sentencias desprovistas de pruebas y convertidas en mandatos que carecen de bases jurídicas por cuanto no acatan los mandatos legales y por tanto devienen en nulidad absoluta.
Ser juez y magistrado en estos tiempos es haber perdido la majestuosidad de la ley y convertirse en personajes que solo visten la toga sin darle el valor que ello significa. Se convierten en prevaricadores dictando sentencias injustas a sabiendas que lo están haciendo, manchando la toga que reviste la dignidad y despojándola de su majestuosidad.
Cada uno de los jueces y magistrados que componen lo que hoy llaman falsamente carrera judicial en nuestro país, han dejado de ser lo que debieran ser ciudadanos honestos y apegados a la Constitución y las leyes al servicio de la justicia de la que están revestidos y sometidos a la independencia e imparcialidad que conlleva el cargo.
Lo que llaman poder judicial, que debería ser uno de los poderes del Estado que debería gozar de independencia, y que por mor de los Ortega-Murillo se ha convertido en un tentáculo más de la dictadura, enrocada en el poder en beneficio propio y no al servicio de todos los nicaragüenses, causando con ello en ser un instrumento más de la represión.
Y no es que lo diga al peso de la lengua y como un correveidiles, sino que es un hecho cierto y comprobado no solo por los que la sufren y sus familias que son muchos, ya que al actuar como lo hacen es plenamente visible e incluso comprobado por organismos internacionales reconocidos como la CIDH, la alta comisionada de la Naciones Unidas, la Unión Europea, que por cierto una de sus instituciones el Parlamento Europeo ha aprobado sanciones a una serie de jueces y magistrados que han sido los encargados de aplicar sentencias duras contra ciudadanos inocentes que su único delito es haberse atrevido a optar al cargo de presidente y vicepresidente de la República u oponerse a las políticas insanas que proyectan en El Carmen.
Estos aprendices de jueces, no por méritos profesionales, sino por ser seguidores de los dictadores, carecen en muchos de los casos de los suficientes conocimientos profesionales ya que gran número de ellos se graduaron en las llamadas universidades de garaje y provenían de la antigua y tenebrosa Seguridad del Estado formados en el G-2 cubano y en la Stasi de la antigua Alemania Oriental y el KGB de la desaparecida URSS.
Seguro que para permanecer en el cargo tienen que seguir los dictados de arriba y la estulticia ha llegado a tales extremos, que las sentencias ya se hacen conforme machotes ad-hoc según las falsas acusaciones que hace la Fiscalía siguiendo los mismos patrones, y se hacen a escondidas del público y en muchos casos de los familiares más cercanos.
Pero el colmo de los colmos es que no se hacen en los recintos judiciales como establece la ley y que existen en todo el país, sino en las propias cárceles como en el llamado nuevo Chipote, lugar de torturas y maltratos físicos y psicológicos contra los prisioneros políticos del régimen, donde no hay condiciones físicas para efectuar estos juicios.
En el plano estrictamente jurídico se les sustrae de su fuero propio, para centralizarlo todo en los juzgados penales de juicio de Managua, contraviniendo una vez más los mandatos constitucionales y las leyes procesales penales que regulan estos procesos y que fijan la jurisdicción y competencia de los jueces.
En fin los mal llamados jueces y magistrados, ya empiezan a sentir lo que les vendrá en un futuro no muy lejano, no solo el peso de las sanciones de organismos extranjeros. Quizás las sanciones de no visitar países que conforman el Espacio Schengen, no lo sientan físicamente, y hasta quizás se rían de tales sanciones, pero llegarán otros momentos en que realmente se verán sentados ante la nueva justicia que llegará inexorablemente, y sentirán el verdadero peso de la ley.
Todavía están a tiempo de pensar lo que puede sucederles y que les causará una conmoción y malestar familiar como los que ellos están causando ahora a los familiares de los condenados injustamente por sus aberrantes sentencias.
Nuestra “justicia” corrupta en todos los escalones de la mal llamada carrera judicial, le llegará el momento de rendir cuentas ante una justicia transicional que contará con todas pruebas para condenarles por un buen tiempo y entonces sabrán que no eran impunes como ahora lo creen. Tiempo al tiempo que la memoria no fallará ni los nombres ni los cargos.
El autor es abogado nicaragüense residente en el exterior.
